Analizan volver a frenar los desalojos y congelar los alquileres - Mendoza Post
Por: Mendoza PostJueves 15 Abr 2021

El Gobierno nacional lanzó una serie de nuevas medidas para frenar el avance de la segunda ola del coronavirus, que - en principio - regirán en el AMBA, con la posibilidad de que cada jurisdicción adhiera, según su situación sanitaria.

En este marco, el presidente Alberto Fernández evalúa volver a congelar el precio de los alquileres y frenar nuevamente los desalojos, como una de las próximas medidas a analizar.

El Jefe de Estado manifestó estar preocupado por la situación de los inquilinos y la posibilidad de que pierdan su vivienda en el peor momento de la pandemia. Por eso, adelantó que se reunirá con el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.

"Una de las primeras cosas que tengo que hacer en mi regreso a casa de Gobierno es llamar a Jorge Ferraresi para hablar de ese tema (en referencia a los alquileres y desalojos), que me preocupa. El momento de excepción no ha desaparecido. Pasó una primera ola y ahora viene una segunda ola, mucho más complicada", dijo el Presidente según replicó TN.

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Y agregó: "Quiero que todos entiendan que aparecen variantes del virus todo el tiempo, acá y en todo el mundo. Tenemos que ser muy cuidadosos. Mientras la excepción siga, tenemos que seguir pensando en un mundo excepcional".

Los alquileres y desalojos quedaron liberados desde el 1° de abril último tras un año de congelamiento en el marco de las medidas definidas en 2020 para enfrentar los efectos de la pandemia. La actualización de los contratos de locación generó el rechazo de las asociaciones de inquilinos, que alertaron por las familias que se quedarían en la calle y las condiciones de hacinamiento en las viviendas en el marco de la situación sanitaria.

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A modo de respuesta, el Gobierno definió un protocolo para asistir a familias que estén cerca de sufrir un desalojo. Se aplicará a los locatarios de vivienda única y familiar en regímenes de alquileres formales (una porción menor de los contratos), es decir, aquellos que estén declarados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

La normativa establece la necesidad de contar con un registro de la población en riesgo de desalojo, para lo cual se recopilarán una serie de datos. Además, el protocolo dará prioridad a las familias monomarentales y monoparentales; a las personas adultas mayores o en situación de vulnerabilidad; a las víctimas de violencia de género; a las personas con discapacidad; y a las personas en extrema pobreza y/o indigencia.

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