La AGN investigó los programas ejecutados entre 2017 y 2022. Más de 270 mil millones de pesos gastados sin planificación ni evaluación.
Lapidario informe sobre los programas de vivienda de Macri y Alberto
La Auditoría General de la Nación (AGN) encontró gravísimas fallas en los programas de vivienda ejecutados por el Estado nacional entre 2017 y 2022 y concluyó que se destinaron más de $276.868 millones a políticas habitacionales sin contar con diagnósticos adecuados, planificación estratégica, sistemas de monitoreo ni mecanismos para medir resultados.
El informe, que ya fue remitido al Congreso de la Nación y al Ministerio de Economía, sostiene que existieron "fallas estructurales en el diseño, la planificación y la evaluación" de los programas de construcción de viviendas desarrollados durante las presidencias de Mauricio Macri y Alberto Fernández. Durante ese período, las competencias en materia habitacional estuvieron primero bajo el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y luego en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, cartera eliminada posteriormente por el gobierno de Javier Milei, cuyas funciones fueron absorbidas por el Ministerio de Economía.
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La auditoría cobra especial relevancia en un contexto de creciente déficit habitacional. El Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), actualizado en diciembre de 2025, contabiliza 6.467 villas y asentamientos donde viven más de cinco millones de personas. En esos barrios, casi seis de cada diez viviendas tienen conexiones irregulares de agua y electricidad y cerca del 66% carece de red cloacal.
No se cura sin diagnóstico
El primer cuestionamiento de la AGN apunta al origen de las políticas públicas. Los auditores concluyeron que los ministerios responsables no utilizaron información de calidad para diseñar y planificar los programas de vivienda.
Según el informe, las autoridades se apoyaron en proyectos presentados por provincias, municipios y organizaciones sociales, pero esos documentos no constituían un diagnóstico integral del déficit habitacional nacional.
Además, la información estadística utilizada estaba desactualizada. El último censo disponible al momento del diseño de varios programas era el de 2010 y tampoco se aprovechó la información producida por el Observatorio Federal Urbano (OFU), creado en 2017 precisamente para generar datos sobre déficit habitacional e indicadores urbanos.
La AGN también detectó inconsistencias en las propias cifras oficiales. Mientras un informe de gestión de la Secretaría de Vivienda hablaba de 3,5 millones de hogares con déficit habitacional, el Observatorio Federal Urbano estimaba la cifra en 4 millones. Ninguno de los dos datos contaba con documentación que respaldara su metodología.
¿Planificar?
El segundo hallazgo fue la inexistencia de una planificación institucional y operativa para los programas de vivienda.
La AGN verificó que durante todo el período auditado no hubo un Plan Estratégico Institucional ni una planificación operativa que estableciera objetivos, acciones, prioridades y recursos de manera coordinada.
Ante los requerimientos de los auditores, las autoridades remitieron decretos, reglamentos y normas de creación de los programas, documentación que, según la AGN, no puede ser considerada una planificación estratégica.
Indicadores sin metodología ni capacidad de medición
La auditoría también reveló deficiencias en los sistemas de indicadores.
Aunque algunos programas incluían parámetros como la cantidad de viviendas terminadas o proyectos ejecutados, estos carecían de elementos básicos para su utilización: no tenían fuentes de información definidas, métodos de cálculo, periodicidad de medición ni líneas de base que permitieran comparar resultados.
La situación fue aún más crítica en el Programa Reconstruir, que no estableció ningún indicador pese a haber sido creado para atender unas 55.000 viviendas paralizadas o abandonadas.
Sin monitoreo ni evaluación de resultados
Durante las entrevistas realizadas por la AGN, funcionarios admitieron que no existieron evaluaciones sistemáticas ni mediciones de impacto y que los únicos indicadores utilizados fueron los vinculados a la ejecución presupuestaria.
Incluso el sistema informático Habitans, presentado como herramienta de seguimiento, fue descartado por los auditores como mecanismo de evaluación de políticas públicas, ya que solo permitía monitorear obras individuales y no el desempeño integral de los programas.
Compromisos internacionales incumplidos
La AGN también detectó fallas en la implementación de los compromisos asumidos por la Argentina en el marco de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
Los ministerios responsables debían contribuir al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, orientado a garantizar el acceso a viviendas y servicios básicos adecuados y mejorar las condiciones de los barrios vulnerables.
Sin embargo, el organismo de control concluyó que no existe evidencia de que se hubiera realizado un proceso formal de vinculación entre los programas de vivienda y esas metas internacionales, lo que impide evaluar si las políticas incorporaron criterios de participación, inclusión o perspectiva de género.
El indicador nacional destinado a medir la población que vive en viviendas deficitarias y en condiciones de tenencia irregular tampoco registró avances: en 2019 no tuvo ejecución, en 2020 volvió a quedar sin asignación de valor y en 2021 y 2022 directamente desapareció de la programación presupuestaria.
Fuente: Infobae
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