El exdiputado provincial, autor de la reforma a la Ley de Seguridad Pública, sostuvo que la nueva normativa brinda respaldo legal a los efectivos ante situaciones de peligro inminente. También cuestionó las sanciones aplicadas en el pasado a policías que, según afirmó, actuaron en defensa propia o de terceros.
Thomas: "El policía debe tener respaldo cuando usa su arma"
El diputado provincial Enrique Thomas defendió los cambios introducidos en la legislación mendocina que amplían y precisan las condiciones bajo las cuales los efectivos policiales y penitenciarios pueden utilizar armas de fuego. En una entrevista con el programa "Tenés que saberlo" por Radio Post, aseguró que la reforma no otorga mayor discrecionalidad a las fuerzas de seguridad, sino que establece reglas claras para situaciones extremas en las que los agentes deben tomar decisiones en cuestión de segundos.
Thomas explicó que la modificación surge para equiparar la normativa provincial con los protocolos ya vigentes en las fuerzas federales. "Estaba la paradoja de que las fuerzas nacionales concretaron un protocolo de uso de armas de fuego y la provincia de Mendoza y sus fuerzas policiales y penitenciarias no tenían ese protocolo", señaló. Además, remarcó que el esquema adoptado tiene como antecedente recomendaciones internacionales impulsadas por la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas.
Durante la entrevista, uno de los principales cuestionamientos giró en torno a si la policía mendocina está preparada para actuar con el nuevo marco legal. Thomas respondió que "la Policía de Mendoza tiene estándares de capacitación importantes", aunque reconoció que "hay que seguir capacitando en forma permanente".
Según sostuvo, la reforma no genera incertidumbre sino que brinda certezas jurídicas. "Esta ley lo que ha hecho es precisar situaciones donde en una fracción de segundo un efectivo policial tiene que actuar en defensa de sí mismo, pero también fundamentalmente en defensa de la sociedad que lo contiene", afirmó. En ese sentido, agregó que la norma establece "una serie de precisiones donde el efectivo policial tiene el respaldo necesario legal para actuar en consecuencia".
El debate por el gatillo fácil
Consultado sobre el temor a que la ampliación de facultades derive en casos de gatillo fácil o en errores de percepción por parte de los agentes, Thomas reconoció que siempre existe la posibilidad de equivocaciones.
"Siempre está la posibilidad de errores. Lo que hace la capacitación permanente de los efectivos policiales y penitenciarios es tratar de evitarlo", sostuvo.
Sin embargo, consideró que durante años existió una mirada injusta sobre las fuerzas de seguridad. "Hemos vivido épocas donde el uniformado ha sido mirado con recelo, ha sido castigado muchas veces sin razón", afirmó. A su entender, esa situación provocó que muchos agentes evitaran intervenir por temor a sufrir consecuencias administrativas o judiciales.
"Muchas veces ese efectivo policial ha preferido mirar para otro lado antes de someterse a ese escarnio", aseguró.
El caso de una policía de Malargüe
Para explicar los alcances de la reforma, Thomas recordó un episodio ocurrido en Malargüe que, según señaló, fue uno de los antecedentes que impulsaron el cambio normativo.
Relató que una oficial fue enviada junto a otro efectivo a intervenir en una pelea entre unas 15 o 20 personas armadas con palos, hierros y armas de fuego. Según explicó, cuando llegaron al lugar, los agresores se volvieron contra los policías y los rodearon.
"No quedó otra posibilidad que esta oficial actuara con su arma de fuego y tuvo la desgracia de dar muerte a uno de los delincuentes", relató.
De acuerdo con Thomas, la agente fue sumariada, cesanteada e incluso detenida. "Cuando se comprobó después de un año y medio que había actuado correctamente fue liberada de culpa y cargo, pero ya era tarde", afirmó. Según su versión, la policía perdió su empleo y su familia debió abandonar Malargüe.
Para el exlegislador, situaciones como esa son las que la nueva ley busca evitar.
Uso del arma frente a múltiples agresores
Uno de los puntos incorporados a la reforma contempla el uso de armas de fuego cuando el número de agresores o la imprevisibilidad del ataque ponen en riesgo la capacidad del policía para defenderse o proteger a terceros.
Ante la consulta sobre si esa disposición podría interpretarse de manera riesgosa en manifestaciones o protestas, Thomas descartó esa posibilidad.
"En las marchas que se han producido en la provincia de Mendoza los efectivos policiales en general no portan armas de fuego justamente para evitar este tipo de situaciones", explicó.
También recordó otro caso ocurrido en Las Heras, donde una policía fue atacada por un delincuente armado mientras esperaba un colectivo. Según relató, la agente disparó y mató al agresor para proteger su vida. Aunque finalmente se determinó que había actuado correctamente, debió atravesar un proceso judicial.
Réplicas, armas blancas y policías de civil
Durante la entrevista también se planteó el escenario de un delincuente que exhibe una réplica de arma o un objeto que pueda confundirse con un arma real.
Thomas sostuvo que en esos casos el efectivo no puede saber en el momento si se trata de un arma auténtica o no. "Es absolutamente lógico que el efectivo que ve un arma de fuego o una réplica, que no sabe en ese momento qué es, tenga que actuar", argumentó.
Además, destacó la peligrosidad de las armas blancas. "Se sabe que en el cuerpo a cuerpo el arma blanca es mucho más peligrosa que el arma de fuego", afirmó.
Respecto de los policías que actúan de civil, recordó que "el policía es policía las 24 horas del día" y señaló que el protocolo establece las reglas bajo las cuales puede intervenir fuera de servicio.
El caso Chocobar como antecedente
Thomas también respaldó el criterio que habilita el uso de armas cuando un delincuente huye armado después de haber provocado o intentado provocar lesiones graves o la muerte.
Como ejemplo mencionó el caso del policía Luis Chocobar, quien intervino tras el ataque a un turista estadounidense en Buenos Aires.
"Esa persona había sido capaz de apuñalar quince veces a un turista para robarle el celular. Seguramente no terminaba su accionar allí", sostuvo. Y agregó: "Eso el efectivo policial lo tiene que impedir".
Fin de las sanciones anticipadas
Otro de los aspectos que defendió fue la prohibición de aplicar sanciones disciplinarias definitivas antes de que exista una resolución judicial.
Para Thomas, este punto constituye uno de los cambios centrales de la reforma. "El fiscal que va a actuar en forma inmediata tiene una guía para analizar previamente la situación", explicó.
A su entender, el protocolo permitirá evitar que un efectivo sea sumariado, cesanteado o privado de su arma de manera prematura por interpretaciones subjetivas.
"Mientras no se expida la Justicia, ese efectivo no tiene que sufrir un castigo como ha sucedido tantas veces", concluyó.
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