El Tribunal Oral Federal debe resolver el lugar de detención de la expresidenta, condenada a seis años de prisión y la modalidad del arresto.
La Justicia tiene 5 días para decidir dónde debe estar presa Cristina
Tras el rechazo de la Corte Suprema a los recursos de queja presentados en la causa Vialidad y la confirmación de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, el juez Jorge Gorini, a cargo del Tribunal Oral Federal 2, tendrá un plazo de cinco días hábiles para que la expresidenta, Lázaro Báez, José López y otros condenados se presenten en los tribunales de Comodoro Py y decidir la modalidad de prisión. La resolución busca avanzar en la ejecución de las penas tras la confirmación de las condenas.
El fallo, que dejó firme la sentencia dictada en diciembre de 2022, responsabilizó a Cristina Kirchner por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu calcularon el daño a las arcas públicas en $85.000 millones. Además de la exmandataria, fueron condenados otros funcionarios y empresarios, mientras que Julio De Vido y Héctor Garro resultaron absueltos.
El expediente fue remitido nuevamente a los tribunales de Comodoro Py, donde se inició el Legajo de Ejecución de la Pena. En este marco, Gorini solicitó al Ministerio de Seguridad la asignación de una dependencia de las fuerzas federales para alojar a los condenados, considerando las condiciones particulares de cada uno. En el caso de Cristina Kirchner, el juez destacó su edad, su trayectoria como abogada y expresidenta, y los riesgos asociados a su seguridad, mencionando el episodio del 1 de septiembre de 2022.
Paralelamente, los fiscales del juicio, Diego Luciani y Sergio Mola, reclamaron la inmediata detención de los condenados. En su dictamen, señalaron que la ejecución de las penas es una consecuencia directa de la ley penal y que la demora en aplicar sanciones podría debilitar la percepción de justicia en casos de corrupción. Además, consideraron que los seis años de prisión para Cristina Kirchner eran insuficientes en relación al daño económico causado, recordando que inicialmente habían solicitado doce años de condena.
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El juez Gorini sostuvo que el objetivo del plazo otorgado es garantizar que los condenados, algunos con domicilio en otras provincias, cumplan con su presentación en tiempo y forma. A partir de este procedimiento, avanzará la definición del lugar donde cada condenado cumplirá su pena.
La condena con prisión domiciliaria y pulsera electrónica
La Justicia deberá definir en los próximos días dónde cumplirá su condena Cristina Fernández de Kirchner, tras la confirmación de su sentencia por administración fraudulenta en la causa Vialidad. El juez Jorge Gorini, a cargo de la ejecución de la pena, evaluará si corresponde la prisión domiciliaria, considerando factores como su edad (72 años), su estado de salud y los antecedentes legales.
"Me pueden meter presa, pero las jubilaciones van a seguir sin alcanzar"
— Natacha (@NachaLuna1) June 10, 2025
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La Ley de Ejecución Penal 24.660 permite la prisión domiciliaria para personas mayores de 70 años o con enfermedades que no puedan ser tratadas adecuadamente en un centro penitenciario. En el caso de Cristina, su historial médico, que incluye un hematoma subdural en 2013, será evaluado por el Equipo Médico Forense. Sin embargo, la decisión final dependerá del análisis del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) y de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.
En caso de aprobarse la prisión domiciliaria, se deberá instalar un dispositivo de monitoreo electrónico, como una tobillera, salvo que el juez decida lo contrario. Además, la defensa podrá proponer domicilios que se ajusten a las condiciones de la condena y estén cerca de los tribunales.
Otro aspecto a resolver es la custodia de Cristina, que hasta ahora ha estado a cargo de la Policía Federal. Si se dicta prisión domiciliaria, pasaría a ser responsabilidad del Servicio Penitenciario Federal, lo que genera interrogantes sobre el manejo de la seguridad y el régimen de visitas.
El caso de Cristina es inédito en la historia judicial argentina. Aunque existen precedentes, como el de Carlos Menem o Amado Boudou, cada situación presenta particularidades. En paralelo, Cristina enfrenta otros juicios, como el de los Cuadernos de las Coimas y el encubrimiento del atentado a la AMIA. Además, el TOF 2 deberá decidir sobre el decomiso de $85.000 millones de bienes para restituir al Estado.
La decisión sobre prisión domiciliaria y las condiciones de su cumplimiento marcará un precedente en la política y la justicia argentina.
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