Una nueva ley reordena áreas sensibles del sistema educativo y de protección de derechos. Qué cambia en la práctica y dónde se concentra ahora el control.
Reordenamiento y control: qué cambian en el mapa de la primera infancia
Mendoza avanzó con una reforma del esquema de atención y educación de niños, niñas y adolescentes. Se trata de la Ley 9698, sancionada el 10 de marzo y publicada este lunes 20 de abril, que introduce modificaciones en la normativa vigente y redefine competencias dentro del sistema público.
Uno de los puntos centrales es la reorganización de la Dirección de Protección y Restitución de Derechos, que queda bajo la conducción de un perfil profesional especializado en niñez y familia. A partir de ahora, este organismo tendrá un rol más activo en la coordinación de políticas y en la articulación con distintas áreas, con un esquema de atención permanente durante todo el año.
La ley también redefine el funcionamiento de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI), que pasan a estar bajo lineamientos más claros y centralizados. La intención es que estos equipos actúen de manera coordinada frente a situaciones de vulneración de derechos, con protocolos internos y mayor capacidad de respuesta.
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Pero el cambio más profundo aparece en el sistema de primera infancia. Los centros como los CDI, CEPI y espacios similares dejan de depender de estructuras previas y pasan a estar bajo la órbita de la Dirección General de Escuelas, específicamente dentro de una nueva área educativa. Esto implica un corrimiento hacia un enfoque más pedagógico, sin dejar de lado la asistencia social y alimentaria.
En este nuevo esquema, los centros tendrán funciones ampliadas: no solo deberán garantizar la educación, sino también el seguimiento nutricional, sanitario y social de los chicos. Además, se incorpora el uso de herramientas digitales para registrar datos y detectar situaciones de riesgo, como abandono escolar o contextos de vulnerabilidad.
La normativa también pone el foco en el vínculo con las familias y el territorio. Se promueve la interacción con actores comunitarios y se establece la obligación de generar espacios de acompañamiento para fortalecer la crianza y el entorno familiar.
Otro eje clave es la articulación con el resto del sistema educativo. La ley busca facilitar el paso de los chicos por los distintos niveles -inicial, primario y secundario- con un seguimiento más cercano de sus trayectorias, especialmente en casos complejos.
Por último, se establecen mecanismos de supervisión técnica y evaluación a cargo de la DGE, con el objetivo de monitorear el cumplimiento de las políticas públicas en estos espacios y ajustar su funcionamiento en base a resultados concretos.
En paralelo, la norma elimina artículos anteriores de la ley 9139 y habilita al Ejecutivo a realizar adecuaciones administrativas y presupuestarias para implementar estos cambios.
En términos generales, la reforma apunta a integrar el cuidado, la educación y la protección de derechos en un mismo sistema, con mayor centralización en el área educativa y un seguimiento más sistemático de cada caso.
