La nueva reglamentación redefine aspectos centrales del empleo formal y apunta a modificar la dinámica del mercado laboral en Argentina.
Reforma laboral: contratar empleados en blanco costará la mitad
El Gobierno nacional avanzó con la puesta en marcha de un punto central de la reforma laboral que se centra en la baja en las contribuciones patronales: el régimen que busca impulsar la registración de trabajadores. La medida quedó formalizada a través del Decreto 315/2026, publicado este 4 de mayo en el Boletín Oficial, y reglamenta un capítulo clave de la Ley 27.802.
El esquema, denominado Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), apunta a fomentar la contratación en el sector privado de personas que no tenían empleo registrado hasta el 10 de diciembre de 2025 o que estuvieron desocupadas en los seis meses previos a ser contratadas.
Uno de los cambios más relevantes pasa por los costos laborales: el sistema establece una reducción en las contribuciones patronales durante los primeros 48 meses de cada nueva relación laboral registrada . Este beneficio busca incentivar a las empresas a incorporar trabajadores al circuito formal.
Los cambios
"Las alícuotas reducidas reemplazan las contribuciones del régimen general. El empleador paga un 2% para el SIPA, el Fondo Nacional de Empleo y Asignaciones Familiares; y un 3% destinado al INSSJP (PAMI). Esos porcentajes son significativamente menores a los habituales", explica El Cronista.
Según detalló el estudio de abogados PASBBA, el total de contribuciones patronales bajo el régimen asciende a 5% sobre la remuneración del trabajador, porcentaje al que habría que sumarle los aportes a la obra social (3%). Hasta estas modificaciones, las contribuciones patronales totales llegaban al 16%.
Con esos números sobre la mesa, esto representa un "alivio" en el costo salarial y contratar en blanco dejará de ser tan costoso como antes. El inicio de una relación laboral formal implicará una reducción de un 50% en las contribuciones patronales.
La reglamentación también fija un período concreto para aplicar el programa: podrán acceder las contrataciones realizadas entre el 1 de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027 . En el caso de nuevos empleadores, el alcance tiene un límite: podrán incluir hasta el 80% de su plantilla dentro del régimen.
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El universo de trabajadores contemplados incluye, además de desocupados, a monotributistas sin empleo formal reciente y a personas que venían del sector público. Incluso, la norma aclara que si el trabajador tiene otros ingresos paralelos, eso no anula el beneficio para el empleador .
Otro punto clave es que los aportes reducidos se distribuyen entre distintos sistemas, como el SIPA, el Fondo Nacional de Empleo y las asignaciones familiares, manteniendo el esquema general pero con alícuotas menores .
El decreto también establece que el incumplimiento de las condiciones o la detección de irregularidades implicará la pérdida automática de los beneficios y la obligación de recomponer los aportes con intereses y sanciones .
Esta reglamentación era uno de los pasos pendientes para que la reforma laboral empiece a aplicarse de forma efectiva, en un contexto donde el Gobierno busca reducir la informalidad y reactivar el empleo registrado.
El decreto
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