Según informó el vocero presidencial, el nuevo régimen migratorio saldrá en los próximos días por DNU. Abarca cambios en el ingreso y permanencia en el país, así como para acceder la residencia y la ciudadanía.
Qué dice la letra chica de la reforma migratoria de Milei
El Gobierno de Javier Milei presentó este martes una profunda reforma del régimen migratorio argentino, que será oficializada por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en las próximas horas.
La iniciativa endurece los requisitos para obtener la ciudadanía y la residencia permanente, agiliza los mecanismos de expulsión de personas extranjeras y habilita el cobro de ciertos servicios públicos a quienes no tengan residencia definitiva.
El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, que tiene bajo su órbita a la Dirección Nacional de Migraciones, organismo clave en la implementación del nuevo régimen.
"El contexto lo amerita", afirmaron desde la Casa Rosada, y apuntaron a la necesidad de "readecuar una ley de ciudadanía que ha perdido sentido para evitar abusos", en alusión a la Ley N.º 346, vigente desde 1869. No es la primera vez que se intenta reformarla: en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, un DNU con cambios similares fue declarado inconstitucional por la Justicia.
%uD83D%uDEA8 URGENTE %uD83D%uDEA8ADORNI ACABA DE ANUNCIAR EL PRIMER PASO DE LA REFORMA MIGRATORIA.%uD83D%uDC49%uD83C%uDFFB Expulsión inmediata a quienes ingresen ilegalmente.%uD83D%uDC49%uD83C%uDFFB Deportación de inmigrantes que cometan delitos.%uD83D%uDC49%uD83C%uDFFB Si tiene delitos no puede ingresar al país.%uD83D%uDC49%uD83C%uDFFB Inmigrantes, residentes transitorios... pic.twitter.com/4zE9uZgS4o
— Taliban (@TalibanMilei) May 14, 2025
Los principales cambios
La nueva normativa establece que para acceder a la ciudadanía argentina, será obligatorio residir dos años de manera continua y efectiva en el país, sin salidas del territorio.
En caso de abandonar la Argentina, el plazo se reiniciará desde cero. Además, quienes no cuenten con residencia legal deberán regularizar su situación antes de iniciar el trámite.
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Una novedad importante es la creación de una "ciudadanía por grandes inversiones", una figura aún por reglamentar, que permitirá a extranjeros con alto poder económico acelerar su proceso de naturalización.
En cuanto a la residencia permanente, esta será otorgada de forma automática solo a hijos de argentinos. Los padres deberán gestionar la residencia temporaria y demostrar arraigo, solvencia económica y antecedentes penales limpios para acceder al estatus de permanentes. Además, se reducen los plazos de ausencia del país permitidos: un año para residentes permanentes y seis meses para los temporarios.
Para ingresar al país, se exigirá una declaración jurada y la contratación obligatoria de un seguro médico. También se ampliará la lista de causales de inadmisión: no podrán ingresar personas con antecedentes penales, condenas (incluso excarcelables o no firmes) o procesamientos por delitos con penas mayores a tres años.
Respecto a las expulsiones, el DNU permitirá deportar a cualquier extranjero condenado por un delito, aunque se garantiza que no se aplicará si el proceso judicial aún está en curso o hay instancias de apelación pendientes. En sintonía, se acortarán los plazos para apelar administrativamente y judicialmente las decisiones de Migraciones, aunque esta vez se evitará la "notificación de pleno derecho", una figura que generó controversia en la reforma fallida de 2017.
Otro punto clave será la expulsión en situación de flagrancia para quienes ingresen al país por pasos no habilitados, y Migraciones contará con herramientas ampliadas para verificar en territorio la situación migratoria de cualquier persona.
Servicios públicos y aranceles
Uno de los puntos más controvertidos es la posibilidad de cobrar aranceles por servicios de salud y educación universitaria a extranjeros sin residencia permanente. En concreto, los residentes transitorios, temporarios o irregulares deberán pagar por la atención en hospitales nacionales, salvo en emergencias. Las universidades públicas podrán cobrar a extranjeros no residentes, siempre que respeten su autonomía y no existan acuerdos internacionales de reciprocidad que lo impidan.
La población carcelaria extranjera, en números
Uno de los argumentos que sostienen la reforma es la situación del sistema penitenciario. Según el último informe del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (SNEEP), al 31 de diciembre de 2023 había 111.967 personas detenidas en el país, de las cuales el 6% eran extranjeras. La mayoría provienen de Paraguay (1923), Bolivia (905) y Perú (857).
Un dato clave es que el 39,2% de los presos no tienen condena judicial, y la tasa de encarcelamiento se encuentra en su máximo histórico: 240 internos cada 100.000 habitantes.
Desde el Gobierno aseguran que estas cifras justifican la necesidad de revisar y endurecer las condiciones de ingreso y permanencia de extranjeros en el país.
Lo que viene, lo que viene...
El DNU con la reforma migratoria será firmado, posiblemente, este miércoles y presentado durante el jueves. Desde el oficialismo aseguran que se cuidaron de incorporar las observaciones judiciales que tumbaron el intento anterior. Resta saber cuál será la reacción de los organismos de derechos humanos, la oposición política y el sistema judicial frente a este nuevo intento por reformar una de las políticas más sensibles del Estado.
Cabe destacar que la nueva norma se inscribe en un contexto regional marcado por cambios migratorios en Estados Unidos y un endurecimiento de fronteras a nivel global. Argentina, según el Ejecutivo, busca recuperar el control de su política migratoria y fijar reglas claras ante un escenario que, afirman, "ya no admite ingenuidades".
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