Qué cambios cedería el Gobierno para aprobar la ley de propiedad

 En un intento por reunir los votos necesarios para aprobar en el Senado el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, el Gobierno nacional estaría dispuesto a introducir modificaciones significativas en el capítulo referido a la Ley de Tierras, una de las disposiciones que mayores resistencias generó entre aliados, gobernadores y sectores de la oposición.

La principal concesión consistiría en mantener un límite a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, aunque con un porcentaje superior al vigente. Según el nuevo borrador que comenzó a circular entre los senadores, el tope sería del 25% del territorio de cada provincia, reemplazando la propuesta original del oficialismo, que eliminaba prácticamente todas las restricciones establecidas por la Ley 26.737.

De esta manera, el Ejecutivo dejaría de lado uno de los puntos más cuestionados de la iniciativa para intentar destrabar una negociación que lleva varias semanas sin resultados y que obligó a postergar en reiteradas oportunidades el tratamiento del proyecto.

Además del nuevo límite, la versión modificada incorpora mayores controles para la compra de tierras por parte de empresas con participación estatal extranjera. En esos casos, cualquier operación requeriría autorización tanto del Poder Ejecutivo Nacional como del gobierno de la provincia donde se ubique el inmueble. El texto también establece que esa facultad no podrá ser delegada a funcionarios con rango inferior al de secretario de Estado.

Ver: El Gobierno quiere blindar votos para aprobar la venta de tierras a extranjeros

Otro de los cambios prevé la prohibición de que personas humanas o jurídicas extranjeras superen el 25% de la superficie rural de cada provincia, mientras que todas las operaciones deberán inscribirse en los registros inmobiliarios provinciales, consignando la nacionalidad del adquirente para reforzar los mecanismos de control.

En respuesta a los cuestionamientos vinculados con la protección de los recursos naturales, el nuevo articulado incorpora una referencia expresa al artículo 41 de la Constitución Nacional y a la Ley General del Ambiente, estableciendo que la normativa deberá interpretarse conforme a esos principios.

También se mantienen restricciones especiales para las tierras ubicadas en zonas de frontera. En esos casos, las operaciones seguirán requiriendo la autorización conjunta de la Nación y de la provincia correspondiente, contemplando criterios relacionados con la seguridad nacional y la defensa.

Las modificaciones habrían sido evaluadas por el Poder Ejecutivo y serán presentadas oficialmente este martes durante una conferencia de prensa encabezada por la presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, junto a los titulares de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.

La decisión de introducir cambios responde a las dificultades que enfrenta el oficialismo para reunir la mayoría necesaria. Durante el receso legislativo continuaron las negociaciones con bloques dialoguistas, mientras crecían las críticas de organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos, que convocaron a una movilización para el próximo jueves, cuando el Senado volverá a intentar debatir la iniciativa.

Con estas concesiones, el Gobierno busca acercar posiciones con sectores que reclamaban preservar algún tipo de regulación sobre la venta de tierras a extranjeros sin resignar el objetivo central del proyecto: avanzar con una reforma integral del régimen de protección de la propiedad privada.