La provincia de Mendoza oficializó el pago de más de 22 millones de pesos al COIRCO, organismo cuestionado por sus decisiones contrarias a los intereses hídricos mendocinos.
Otro pago millonario al organismo que falla contra Mendoza
La provincia de Mendoza formalizó un nuevo desembolso económico destinado al Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), organismo encargado de coordinar y supervisar el uso de las aguas del río entre las provincias que lo integran.
Según el Decreto N° 904 del Ejecutivo provincial, con fecha del 6 y publicada este 16 de mayo de 2025 , se autorizó el pago de $22.128.290 correspondiente al segundo bimestre del año, monto destinado a cubrir gastos operativos y de estudios técnicos del ente interjurisdiccional. Esta transferencia se fundamenta en un plan de aportes vigente, prorrogado con ajustes inflacionarios conforme al índice de precios mayoristas del INDEC.
La cifra se estableció siguiendo los lineamientos del Acta N° 988 del Comité Ejecutivo de COIRCO, con fecha de diciembre de 2024, y su aplicación automática fue prorrogada según el punto 3) B) del Acta N° 77. A pesar de que el plan prevé actualizaciones periódicas basadas en la inflación, la continuidad de este tipo de pagos ha generado polémica, especialmente teniendo en cuenta el accionar del organismo en decisiones que han perjudicado a Mendoza en materia hídrica. Los fondos se ejecutarán a través de la Tesorería General provincial, con cargo al presupuesto vigente para el ejercicio 2025.
Un ente con decisiones cuestionadas
La crítica principal al COIRCO radica en sus posturas y fallos que han afectado directamente los intereses de Mendoza, especialmente en el marco de disputas por el uso del recurso hídrico del Río Colorado.
La provincia ha señalado en varias ocasiones que este ente ha adoptado decisiones parciales que favorecen a otras jurisdicciones integrantes, como La Pampa, en detrimento de las obras de infraestructura y proyectos estratégicos impulsados por Mendoza.
En ese contexto, el hecho de continuar realizando pagos de estas características genera un fuerte contraste entre la obligación administrativa y el trasfondo político y técnico del organismo.
El COIRCO ha sido protagonista en el conflicto por Portezuelo del Viento, obra hidroeléctrica y de gestión de aguas que Mendoza impulsa desde hace años y que ha recibido trabas por parte del organismo. La provincia ha cuestionado reiteradamente la legitimidad de algunas decisiones y considera que su rol debería revisarse a fondo, dada la falta de imparcialidad en sus evaluaciones. Aun así, la legislación vigente obliga a Mendoza a continuar con los aportes según lo dispuesto en el marco legal del ente.
La obligación jurídica detrás del aporte
Más allá del malestar político, el marco normativo obliga a la provincia a cumplir con los pagos establecidos por el estatuto del COIRCO, ratificado por la Ley N° 4154 y los artículos 128 y 129 de la Constitución provincial.
En este contexto, el Ejecutivo mendocino debió autorizar este nuevo aporte, a través de un acto administrativo que cumple con las formalidades legales vigentes. El decreto lleva la firma de la vicegobernadora, quien se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo, y responde también al dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial.
Este tipo de pagos, aunque automáticos y respaldados jurídicamente, abren nuevamente el debate sobre la eficacia y conveniencia de pertenecer a organismos interjurisdiccionales que no siempre reflejan una equidad real en el manejo de los recursos compartidos. Mientras tanto, la provincia continúa atendiendo sus compromisos financieros, incluso hacia estructuras que no garantizan resoluciones alineadas con sus intereses estratégicos.
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