Lo acusan junto a su socio Fabián De Sousa de realizar una maniobra similar a la del caso Oil, por la que fue condenado Ricardo Echegaray.
Reactivan causa contra Cristóbal López y Fabián De Sousa
El juez federal Sebastián Casanello ordenó una serie de medidas tendientes a determinar si Cristóbal López y Fabián De Sousa cometieron algún delito contra las arcas públicas con el manejo de las autopistas Riccheri y Ezeiza. De esta manera, la Justicia lo investigará por realizar una maniobra similar a la del caso Oil, por la que fue condenado Ricardo Echegaray. Otra investigación que podría complicar a los empresarios.
Este delito contra las arcas públicas con el manejo de las autopistas y habría sido llevado a cabo con la supuesta complicidad del entonces titular del Órgano Contralor de las Concesiones Viales (Occovi), Gustavo Gentili.
Vale mencionar que Casanello llevó adelante este procedimiento a pesar de un dictamen del fiscal Federico Delgado, quien se basó en un peritaje contable para concluir que no se había logrado verificar "mínimamente" la hipótesis delictiva y propuso el cierre de la causa.
López en la mira por otro delito contra las arcas públicas.
En este sentido, según pública La Nación a través de un informe de Hugo Alconada Mon, para Casanello, sin embargo, "la investigación luce incompleta, por lo que su cierre sería precipitado e incorrecto", según explicó en una resolución que firmó poco antes de comenzar la feria judicial de verano, y recordó que el fiscal Delgado no solicitó el sobreseimiento de López y De Sousa. Por eso, concluyó, debía disponer nuevas medidas "para averiguar la verdad".
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Seguidamente, Casanello le ordenó a Vialidad Nacional -y en particular a su Unidad de Ética y Transparencia- que envíe las sus actuaciones vinculadas desde 2009 a Aecsa, de Autopistas del Sol -en la que tenían participación accionaria los Macri- y de las firmas Sycic SA, Iecsa y Consular Consultores Argentinos Asociados SA.
La investigación
La investigación sobre Aecsa, en particular, comenzó en septiembre de 2017, cuando el entonces titular de Vialidad Nacional durante el macrismo, Javier Iguacel, denunció que la empresa a cargo de la concesión de la autopista Ricchieri - Ezeiza se habría apropiado de los Recursos de Asignación Específica (RAE), por cientos de millones de pesos, para destinarlo hacia otras empresas del Grupo Indalo.
El juez federal Sebastián Casanello estará al frente de la investigación.
Pero, desde el Grupo Indalo negaron todo ilícito en la firma Aecsa. Por el contrario, replican que el gobierno de Mauricio Macri los asfixió para apropiarse de la concesión vial, y que el entonces ministro de Transporte y Obras Públicas, Guillermo Dietrich; y el ex titular de Vialidad, Javier Iguacel; participaron de las maniobras para desarmar el holding.
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