Son 8 los sancionados. Hay irregularidades en planillas y recibos, y en el procedimiento de destrucción de alimentos vencidos. Sin referirse a los hechos, desde la DGE sólo indicaron que los funcionarios no trabajan actualmente en la gestión.
Multan a funcionarios de la DGE por irregularidades en el reparto de meriendas
El Tribunal de Cuentas de Mendoza detectó irregularidades en la gestión de meriendas escolares del programa "Volvé a la Escuela", ejecutado por la DGE durante 2023. Aunque aprobó formalmente la rendición de cuentas, aplicó multas por $1.800.000 a ocho funcionarios de ese momento.
Los sancionados por estas irregularidades del año 2023 fueron Silvina del Pópolo (Directora de Planificación de la Calidad Educativa), Teresa Muzaber (Coordinadora del Programa CITIAM), Graciela Orelogio (Subsecretaria de Educación de la DGE), Gabriel Sciola (Coordinador Ejecutivo de la UCPP), Ana Ontiveros (Contadora General de la UCPP), Alejandro Morena (Responsable de Inventario de la UCPP), Andrea Belén Jirala (Responsable de Registración de Bienes de Consumo) y Jaquelina Amaya (Responsable de Bienes de Consumo y Uso Precario).
El fallo 18.191 del Tribunal de Cuentas, si bien aprueba formalmente la rendición presentada por la Unidad Coordinadora de Programas y Proyectos (UCPP), describe una serie de incumplimientos, desprolijidades y procedimientos administrativos irregulares en el manejo de fondos y bienes destinados a estudiantes. Las observaciones más importantes giran en torno a la falta de registros, firmas dudosas y destrucción de alimentos sin documentación formal.
Meriendas que no llegaron, remitos que no cierran
Una de las observaciones centrales refiere a la entrega de meriendas que, según la documentación presentada por la UCPP, se distribuyeron en escuelas y eventos educativos. Sin embargo, directivos de distintos establecimientos negaron haber recibido los productos, pese a que en los remitos de entrega aparecían sus nombres y firmas.
La Auditoría del Tribunal comparó estas firmas con las registradas en actas de constatación labradas en visitas presenciales a las escuelas, y detectó que no coincidían, lo que abrió la sospecha de falsificación o adulteración de documentos. Además, se hallaron planillas con enmiendas hechas con corrector, sin firmas que validaran los cambios, y diferencias significativas entre lo informado como entregado y lo que efectivamente se recibió.
Productos vencidos y destrucción sin control
Otra de las irregularidades detectadas fue la destrucción de alimentos escolares vencidos por un valor total de $2.555.232, sin que existiera respaldo documental adecuado. De acuerdo con el expediente del órgano contralor, el procedimiento careció de actas, no se identificaron los remitos de salida del depósito ni se consignaron las fechas de vencimiento. Incluso se constató que se destruyeron más meriendas de las que figuraban como vencidas en el inventario oficial, generando una diferencia sin explicar de $106.926.
El Tribunal también observó que parte de la mercadería fue almacenada en un depósito no declarado en la licitación, lo que dificultó aún más su trazabilidad. A todo esto se sumó la falta de carga de los bienes en el sistema SIDICO, herramienta oficial obligatoria para el control de ingresos y egresos.
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Las multas del Tribunal de Cuentas:
| Nombre | Cargo | Multa |
|---|---|---|
| Silvina del Pópolo | Directora de Planificación Educativa | $450.000 |
| Teresa Muzaber | Coordinadora del Programa CITIAM | $450.000 |
| Graciela Orelogio | Subsecretaria de Educación | $100.000 |
| Gabriel Sciola | Coordinador Ejecutivo UCPP | $200.000 |
| Ana Ontiveros | Contadora General UCPP | $300.000 |
| Alejandro Morena | Responsable de Inventario | $100.000 |
| Andrea Belén Jirala | Registración de bienes de consumo | $50.000 |
| Jaquelina Amaya | Responsable de bienes de consumo | $50.000 |
¿Por que sólo multas?
El fallo del Tribunal de Cuentas de Mendoza sobre las irregularidades en la entrega y destrucción de meriendas escolares dejó una duda: ¿por qué, pese a las múltiples anomalías detectadas, los funcionarios involucrados recibieron multas pero no se les aplicaron cargos patrimoniales?
La respuesta está en el propio texto del fallo. Según el Tribunal, no se logró comprobar con certeza que existiera un perjuicio económico directo a la Hacienda Pública. Es decir, aunque hubo fallas administrativas, no se pudo acreditar de manera concluyente que se haya malversado dinero o bienes del Estado.
Para entender esta decisión, hay que diferenciar claramente entre dos conceptos legales centrales: multa y cargo. La multa es una sanción administrativa que se impone cuando se detectan incumplimientos en procedimientos, normas o controles, sin que necesariamente haya un daño económico. El cargo, en cambio, se aplica cuando se comprueba un daño concreto al patrimonio público. Por ejemplo, si un bien desaparece, se malgasta dinero, o se realiza una erogación sin respaldo. En ese caso, el funcionario debe responder económicamente por el perjuicio y devolver lo que falta.
Uno de los puntos más delicados del fallo fue la destrucción de alimentos escolares vencidos por un valor de $2.555.232, en condiciones completamente irregulares. Además, se detectó una diferencia de $106.926 entre lo que figuraba como vencido en los inventarios y lo que efectivamente se destruyó. Aun así, el Tribunal concluyó que "no puede interpretarse con un grado de certeza razonable que se haya destruido mercadería no vencida".
Por lo tanto, no se configuró un daño patrimonial comprobable, y el cargo que habían sugerido los órganos asesores del Tribunal no fue formulado.
Sin embargo, el Tribunal sí dejó en claro que existieron fallas graves en el control interno, en la trazabilidad de los bienes y en la documentación. Por eso, aplicó multas administrativas a los funcionarios responsables, como forma de sancionar las irregularidades constatadas.
Desde la DGE, sin referirse a las irregularidades detectadas, lo único que manifestaron es que los funcionarios sancionados ya no forman parte de la gestión.
El fallo completo:
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