Tras un nuevo decreto, el Gobierno activó cambios clave en las Fuerzas Armadas. La medida se apoya también en la venta de bienes del Estado.
Milei utilizó la plata de las privatizaciones para reequipamiento militar
El Gobierno nacional puso en marcha un esquema para actualizar el equipamiento de las Fuerzas Armadas. El decreto firmado a fines de abril y publicado este 4 de mayo apunta a recuperar capacidades operativas y modernizar estructuras que, según el diagnóstico oficial, quedaron rezagadas frente a los nuevos escenarios globales.
La medida quedó formalizada a través del Decreto 314/2026, donde se establece un Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar con foco en infraestructura, tecnología y sistemas de defensa. El texto oficial advierte que el estado actual del equipamiento exige acciones urgentes para evitar un deterioro mayor en la capacidad de respuesta del país.
Uno de los ejes centrales del plan es el financiamiento. El Gobierno decidió destinar una porción de los recursos que se generen por la venta o administración de bienes del Estado. En concreto, el 10% de esos ingresos será asignado al Ministerio de Defensa, mientras que el porcentaje sube al 70% si se trata de inmuebles que estaban bajo su órbita.
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A esto se suma otra fuente: las privatizaciones. El decreto dispone que también se destine el 10% de lo recaudado por la venta de empresas públicas para financiar el reequipamiento militar, en un intento por ampliar el margen de inversión sin afectar el equilibrio fiscal.
El diagnóstico oficial no se limita a lo material. El documento señala que la falta de inversión impacta tanto en la operatividad como en la formación del personal, ya que limita las posibilidades de entrenamiento y actualización técnica. En paralelo, se reconoce que el avance de tecnologías como la inteligencia artificial y las capacidades en el ciberespacio obligan a repensar el sistema de defensa.
En ese sentido, el decreto incorpora como prioridad el desarrollo de herramientas para enfrentar amenazas modernas, como ciberataques, sabotajes o incursiones irregulares en el espacio aéreo. También menciona el rol creciente de las Fuerzas Armadas en situaciones de emergencia, como incendios o inundaciones, lo que exige equipamiento actualizado y versátil.
El plan no reemplaza al Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), vigente desde años anteriores, sino que se suma como un refuerzo para acelerar inversiones consideradas urgentes. Desde el Ejecutivo remarcan que se trata de una herramienta complementaria para recuperar capacidades en el corto plazo.
Como parte de la implementación, el Estado Mayor Conjunto deberá presentar en un plazo de 90 días un listado de necesidades prioritarias, que servirá de base para definir las compras y proyectos a ejecutar.
La decisión se inscribe en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y cambios en la naturaleza de los conflictos, donde el componente tecnológico gana protagonismo. Bajo ese escenario, el Gobierno busca reposicionar a las Fuerzas Armadas con una estrategia que combina financiamiento alternativo y actualización operativa.
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