El Gobierno nacional transfirió los créditos otorgados del recientemente extinto programa a una institución privada. La oposición denunció transferencias irregulares de inmuebles a las Fuerzas Federales de Seguridad.
Milei avanzó en la disolución del Procrear: qué pasará con los créditos
El Gobierno nacional avanzó con la disolución del Fondo Fiduciario Público denominado Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar). Este lunes, se publicaron los mecanismos para tal fin y el pase de la administración de los préstamos vigentes a un banco privado.
Esta medida fue efectivizada a través del Decreto 764/2025 del Ministerio de Economía que fue publicada hoy en el Boletín Oficial, por la cual dio nuevos pasos en la liquidación de este fondo, creado en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y disuelto por el decreto 1018/24 en noviembre de 2024. La norma encomienda a la Secretaría de Obras Públicas la administración y disposición de los bienes involucrados, tanto muebles como inmuebles
Cabe recordar que en los considerandos del decreto 1018/24, la disolución se había fundamentado en algunos puntos en el cual el programa se había convertido en una "pesada carga" para las cuentas públicas. Por otro lado, se había señalado que existían dificultades para fiscalizar y controlar su ejecución.
Asimismo, se argumentó que la financiación de la construcción de viviendas es una actividad propia de los bancos comerciales, privados y públicos, no justificándose la intervención estatal directa en esta materia.
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La norma recuerda que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) realizó una auditoría que señaló varias observaciones, entre las que se destacan la demora en la entrega de viviendas y locales, generando mayores gastos de mantenimiento y vigilancia; el incumplimiento de convenios, como el de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), reclamos por falta de condiciones de habitabilidad en unidades entregadas, y la falta de actualización de manuales de procedimiento.
Por otro lado, la SIGEN determinó que la gestión "no ha sido transparente, ni ágil, ni eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común".
Además, la disolución se enmarca en la Ley N° 27.742 que declaró la emergencia pública y autorizó al Poder Ejecutivo Nacional a modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar Fondos Fiduciarios Públicos con el fin de mejorar eficientemente el funcionamiento del Estado, reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal y transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas.
Principales puntos de la resolución
La norma firmada por el ministro Luis Caputo encomienda a la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía la adopción de medidas para administrar y disponer los bienes involucrados en el fideicomiso disuelto. Esto incluye tanto la regularización dominial como las transferencias a provincias, municipios, organismos estatales e institutos de vivienda.
A su vez, se aprueba el modelo de Contrato de Mandato para la Gestión de Créditos Individuales, que el Ministerio de Economía firmará con el Banco Hipotecario S.A. A través de este instrumento, la entidad continuará gestionando los préstamos otorgados, bajo las condiciones de retribución originales establecidas en el contrato fiduciario del 18 de julio de 2012.
En relación con los inmuebles que formaban parte del fideicomiso, la resolución establece que aquellos que no hayan estado afectados a contratos de obra vigentes durante la existencia del programa deberán ser transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), mediante convenios con el Banco Hipotecario y la Secretaría de Obras Públicas.
Por otra parte, se autoriza a la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial a instruir al Banco Hipotecario para que transfiera los fondos recaudados por la cobranza de los créditos a la cuenta N° 2510/46 "Recaudación TGN" del Tesoro Nacional, una vez deducidos los honorarios y gastos operativos. También se contempla la venta de carteras de créditos con bajo rendimiento de cobranzas, inferior al 40%.
Por último, se designa a la Subsecretaría Legal del Ministerio de Economía como responsable de las causas judiciales en las que el extinto fideicomiso esté involucrado, en representación del Estado Nacional.
Denunciaron que transfirieron viviendas del Procrear a Fuerzas Federales de Seguridad
Armando Bertolotto, dirigente del Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires, denunció que, en referencia la transferencia de los inmuebles no afectados a obras que se transfieren a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), habrían sido adjudicadas algunas viviendas construidas en el marco del Procrear a Fuerzas Federales de Seguridad. Se trata, concretamente, de 160 viviendas del edificio Sagol, ubicado en el barrio de Avellaneda, que ya estaban adjudicadas a vecinos de la zona.
En este sentido, Bertolotto afirmó duramente que, en declaraciones que recogió la Agencia El Vigía, al igual que "en las épocas más oscuras las fuerzas militares les roban las viviendas a los civiles". También el político agregó que "se trata de un edificio terminado y con sus departamentos a estrenar que se les arrebatan a quienes fueron sorteados legítimamente en su momento".
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