La Suprema Corte reglamentó un nuevo sistema digital para rematar bienes por internet. Buscan agilizar procesos, ampliar la participación y reducir maniobras fraudulentas.
Mendoza pone en marcha las subastas judiciales electrónicas
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza avanzó con la implementación de las subastas judiciales electrónicas, un sistema que permitirá realizar remates de bienes a través de una plataforma digital oficial. La medida quedó formalizada mediante la Acordada 32.585, firmada el 6 de mayo de 2026.
La decisión se apoya en el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza, que ya contemplaba esta modalidad, aunque faltaba una reglamentación específica para ponerla en funcionamiento. Según explicó el tribunal, el objetivo es modernizar el sistema judicial, mejorar la transparencia y evitar problemas habituales de las subastas presenciales.
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El nuevo esquema permitirá que cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos pueda participar de las pujas de manera online. Para hacerlo, primero deberá anotarse en un Registro General de Postores, que funcionará dentro de la Oficina de Subastas Judiciales. Allí se validará la documentación de quienes quieran intervenir en los remates electrónicos.
En la acordada, la Corte sostuvo que este tipo de mecanismos ya funciona en otras provincias argentinas, como Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Salta y San Luis, además de la propia Corte Suprema de la Nación, que recientemente incorporó un sistema similar.
El Poder Judicial mendocino también remarcó que el sistema se implementará de manera "gradual y progresiva". Para eso, intervendrán áreas como la Secretaría de Modernización, la Dirección de Informática y la Administración General de la Corte, que deberán coordinar el desarrollo técnico del portal digital.
Entre los argumentos de la resolución aparece la necesidad de garantizar mayor publicidad y trazabilidad de los actos de remate, además de facilitar el acceso desde distintos puntos de la provincia sin necesidad de asistir físicamente a una subasta. La Corte también señaló que el modelo apunta a reducir posibles maniobras abusivas o fraudulentas durante las operaciones.
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