Suman $240 millones por el servicio de telefonía celular del Gobierno

El Gobierno de Mendoza adjudicó a AMX Argentina S.A. (Claro) el servicio de telefonía celular y datos móviles para distintas áreas de la administración provincial. El contrato tendrá una duración de 24 meses y contempla un desembolso de hasta $781.611.311, según el Decreto 1416, firmado el 20 de julio de 2026 y publicado este viernes.

La contratación había sido autorizada inicialmente en abril mediante el Decreto 672, con un presupuesto estimado de $540 millones. Sin embargo, durante el proceso licitatorio esa autorización fue ampliada en $241.611.311, por lo que el monto total quedó fijado en más de $781 millones.

La licitación contempló la contratación del servicio para 2.460 líneas. De ese total, 1.388 corresponden al Renglón 1, que incluye distintos planes de telefonía con voz, SMS y datos móviles, mientras que otras 1.072 líneas forman parte del Renglón 2, destinado exclusivamente a transmisión de datos.

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En el Renglón 1, el Gobierno contrató 60 líneas del Plan A-1, con 40 GB de datos móviles y llamadas ilimitadas, por un total de $41.544.914 durante los 24 meses. La misma cantidad de líneas fue asignada al Plan A-2, también por $41.544.914.

El Plan B comprende 348 líneas, con 20 GB de datos móviles, llamadas ilimitadas y roaming internacional. El costo total previsto para ese segmento asciende a $178.495.812.

El grupo más numeroso corresponde al Plan C, con 920 líneas y un paquete de 7 GB de datos móviles, además de llamadas ilimitadas y roaming internacional. Para este servicio se estableció un gasto de $195.019.282 durante los dos años.

El Renglón 2 contempla 1.072 líneas exclusivamente para datos, con un mínimo de 30 GB mensuales y roaming internacional. El costo establecido para ese servicio es de $325.006.387.

La adjudicación surgió de una licitación en la que participaron dos empresas: AMX Argentina S.A., operadora de Claro, y Telecom Argentina S.A., vinculada a Personal. Claro presentó ofertas para los cuatro renglones, mientras que Telecom ofertó para los renglones 3 y 4.

La Comisión de Preadjudicación recomendó contratar la oferta alternativa de Claro para los renglones 1 y 2, al considerar que resultaba más conveniente tanto en términos económicos como técnicos. Según el decreto, esa propuesta implicaba un ahorro superior al 50% frente a la oferta básica de la propia empresa y respecto de los precios de mercado considerados en el proceso.

La propuesta también incorporó servicios adicionales, entre ellos una plataforma de autogestión para administrar la flota, gestión de SIM bonificadas, herramientas de Geodata para analizar movilidad y un sistema de gestión logística denominado Quad Minds. Además, contempló la asignación de un responsable técnico y administrativo con presencia en el lugar para atender los requerimientos del Gobierno.

Los renglones 3 y 4 quedaron sin adjudicar. En el caso de Claro, sus propuestas fueron rechazadas porque incumplían una condición incorporada mediante una circular del proceso: el proveedor de esos servicios debía ser diferente al correspondiente al Renglón 1.

La oferta de Telecom Argentina también fue descartada. El decreto señala que la empresa había indicado que sus abonos estaban sujetos a modificaciones, incluso antes de la preadjudicación. Además, ofrecía una bonificación con una vigencia de seis meses y una validez de oferta de apenas 15 días.

Para el Gobierno, esas condiciones impedían garantizar un precio firme durante los 24 meses previstos para el contrato y generaban incertidumbre sobre el gasto que debería afrontar la Provincia. Por ese motivo, la contratación de los renglones 3 y 4 fue declarada fracasada.

El nuevo contrato comenzará a regir desde la notificación de la adjudicación y tendrá una vigencia de dos años. El Gobierno podrá disponer posteriormente de una renovación por hasta 12 meses adicionales. Si decide no extenderlo, el proveedor deberá mantener el servicio por hasta seis meses más, si la Provincia lo solicita, bajo las condiciones vigentes al momento del vencimiento para facilitar la transición hacia una nueva contratación.

El decreto también establece que la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios estará integrada por Viviana Fernández y Daniel Alejandro García. Este último reemplazará a Oscar Alberto Calderón, quien dejó esa función luego de acogerse a la jubilación.