Esta semana, 22 legisladores de diferentes partidos, incluidos 4 mendocinos, viajaron con todo pago a la Universidad de Harvard, por lo que no habrá sesiones en el Congreso. Si bien no todos formaron parte de la comitiva, hay 21 dirigentes de Mendoza entre los integrantes de la Red de Acción Política.
Más allá del viaje a EEUU: qué mendocinos integran la ONG que pagó todo
Después de sesiones clave, esta semana no habrá actividad en el Congreso y, en parte, esto se debe a la ausencia de 22 legisladores que forman parte de una misión a la Universidad de Harvard organizada por la Red de Acción Política. Más allá de esta actividad, en Mendoza existe desde hace años un entramado político silencioso, pero influyente, que es parte de la RAP.
Lejos de responder a una lógica partidaria tradicional, la RAP funciona como un espacio de "formación, diálogo y construcción de consensos", con miembros de diferentes sectores políticos. Y en ese esquema, Mendoza aparece como uno de los territorios con mayor densidad de dirigentes vinculados a la organización. "La RAP fue clave para la Boleta Única recientemente, y entre lo más lejano, la Ley de Educación del 2010", puso a modo de ejemplo.
En total, son 21 los mendocinos que integran la Red de Acción Política y 4 de ellos están en los Estados Unidos: la senadora Mariana Juri, más los diputados Luis Petri, Pamela Verasay y Mercedes Llano. En efecto, si bien se trata de una organización que reúne a dirigentes de diferentes colores políticos, en la "sección mendocina" predominan los oficialistas.
El peso de la Unión Cívica Radical dentro de la red en Mendoza es evidente. A los legisladores mencionados se suman figuras con roles clave en la gestión y en el poder territorial, como el senador y exgobermador Rodolfo Suarez;, el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, y el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, además de dirigentes de menor rango, como Daniela García y María José Sanz, ambas funcionarias de la DGE que ingresaron a la RAP en sus días de diputadas provinciales.
En el listado también aparecen María Eugenia De Marchi, diputada radical del sector de Petri, y dirigentes radicales con recorrido y peso político como Ernesto Sanz y Enrique Vaquié, lo que muestra una combinación entre cuadros técnicos, dirigentes en funciones y referentes históricos de la UCR.
En paralelo, el PRO mendocino tiene una presencia consolidada. Entre los miembros de la Red de Acción Política está Omar De Marchi, actual vicepresidente de Aerolíneas Argentinas, y sus dos sucesores en Luján: el actual intendente Esteban Allasino y Sebastián Bragagnolo, quien gobernó hasta 2023. Completan el listado dos dirigentes del PRO que están en la vereda de enfrente: Pablo Priore, secretario administrativo del Senado, el diputado Guillermo Mosso y el exlegislador Carlos Aguinaga.
La red también incluye representación del peronismo mendocino, con dirigentes que ingresaron a la red ocupando un alto cargo público y que hoy en día tienen una representatividad menor, como el caso de Liliana Paponet, diputada nacional hasta diciembre pasado, Miriam Gallardo, expresidenta provisional del Senado y actual asesora del bloque del PJ, y la exsenadora y vigente concejal de Malargüe Silvina Camiolo.
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Qué es la RAP y cómo se financia
La Red de Acción Política (RAP) nació como un experimento de "laboratorio político" tras la crisis de 2001, bajo la premisa de que la falta de diálogo entre los dirigentes era el principal obstáculo del país.
Allí, legisladores, intendentes y gobernadores de fuerzas opuestas como el PRO, la UCR o el peronismo -el único espacio que no forma parte es la izquierda-, analizan políticas públicas lejos de los micrófonos. El teoría, el objetivo final es que esos debates decanten en proyectos de ley o acuerdos de gestión que tengan continuidad en el tiempo, priorizando temas como la reforma del Estado o la educación.
El punto que suele generar más curiosidad es su financiamiento, que se apoya exclusivamente en el sector privado para blindar su independencia del presupuesto público. Según su página web, aplican un esquema de "financiamiento atomizado": nadie puede aportar más del 5% del presupuesto total. Los fondos provienen de un mix de empresas grandes, donantes individuales y fundaciones internacionales, lo que les permite costear los traslados y capacitaciones de los políticos, como la actual misión a los Estados Unidos.
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