La Oficina del Presidente confirmó que se presentarán nuevas denuncias penales contra empresas que operan en las Islas Malvinas. Esta vez, también apuntará contra directores y gerentes que hayan tomado esas decisiones.
El Gobierno apunta contra directivos de petroleras que operan en Malvinas
El Gobierno confirmó este miércoles que sumará nuevas denuncias penales contra empresas que estarían realizando actividades petroleras en las Islas Malvinas. La novedad es que esta vez la Justicia no solo apuntará contra las firmas, sino también contra directores, gerentes, administradores y representantes que hayan participado de esas decisiones.
Así lo confirmó la Oficina del Presidente, que precisó que las presentaciones judiciales tendrán un doble efecto: por un lado, ampliarán causas que ya están en marcha; por otro, darán lugar a la apertura de expedientes completamente nuevos. Desde el Ejecutivo remarcaron que buscarán "responsabilizar a todos aquellos que se encuentren violando" la soberanía argentina sobre el archipiélago.
Según pudo saber el sitio TN de fuentes oficiales, la nueva tanda de denuncias alcanzará a cinco compañías: Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited, Rockhopper Exploration (Oil) Limited, Borders & Southern Falkland Islands Limited, Borders & Southern Petroleum PLC y Desire Petroleum Limited.
Ya son 60 las personas físicas y jurídicas investigadas por la Ley 26.659.
La decisión se da en medio de una escalada de sanciones que el Gobierno viene sosteniendo desde hace días, luego de la cadena nacional en la que Javier Milei advirtió sobre los riesgos del proyecto petrolero Sea Lion.
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En esa misma línea, este lunes la Cancillería, a cargo de Pablo Quirno, ya había presentado -con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio- una primera denuncia contra otras cinco firmas vinculadas a esa iniciativa: Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
Según había informado el propio Gobierno en los días previos, ya son 60 las personas físicas y jurídicas bajo procedimientos sancionatorios por presuntas infracciones a la Ley 26.659.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 9, 2026
Esa norma, sancionada en 2011, prohíbe a cualquier persona o empresa desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización de la autoridad competente. Las sanciones previstas van de 5 a 20 años de inhabilitación para los responsables.
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