Navitas y Rockhopper encabezan el proyecto Sea Lion, que prevé comenzar a producir petróleo en 2028. Pero hay otras compañías con licencias alrededor de las islas y el Gobierno busca extender las sanciones también a proveedores, accionistas y directivos.
Las petroleras que Milei puso en la mira por el crudo de Malvinas
El anuncio de Javier Milei para endurecer las sanciones contra las empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas tiene nombres concretos detrás. Algunos incluso llevan años bajo sanciones argentinas, mientras que otros podrían quedar alcanzados por la ampliación del régimen que el Gobierno enviará al Congreso.
Durante la cadena nacional de este jueves, el Presidente apuntó especialmente contra Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, las dos compañías que desarrollan Sea Lion, el proyecto petrolero más avanzado actualmente en aguas que rodean las Malvinas.
Milei anunció la firma de un decreto para acelerar los procedimientos sancionatorios previstos por la Ley 26.659 y anticipó además un proyecto para modificar esa normativa. La intención oficial es ampliar las consecuencias no solamente para las petroleras, sino también para proveedores, accionistas, directores y otras empresas que participen directa o indirectamente de los proyectos.
El punto central es Sea Lion, un yacimiento ubicado unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. Su desarrollo está encabezado por la compañía Navitas Petroleum, que posee una participación del 65%, mientras que la británica Rockhopper Exploration controla el 35% restante.
El proyecto ya atravesó su decisión final de inversión y actualmente se encuentra en etapa de desarrollo. Según la información publicada por la propia Navitas, está previsto perforar inicialmente 11 pozos submarinos y utilizar una unidad flotante para producir, almacenar y descargar el petróleo.
La empresa estima que el primer petróleo será obtenido en marzo de 2028. Rockhopper también mantiene como objetivo el primer trimestre de ese año. Antes, las tareas de perforación comenzarían a principios de 2027.
De esta manera, aunque Milei advirtió sobre la necesidad de actuar ante el avance inmediato del proyecto, la producción comercial todavía no comenzó.
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Navitas y Rockhopper, las dos principales
Navitas Petroleum es actualmente el actor central del proyecto. De origen israelí, ingresó a Sea Lion después del retiro de otras compañías y terminó convirtiéndose en operadora y accionista mayoritaria.
Argentina, sin embargo, ya había actuado contra la empresa. En abril de 2022, la Secretaría de Energía declaró ilegales sus actividades en la plataforma continental argentina y la inhabilitó durante 20 años para desarrollar actividades en el país.
La situación de Rockhopper Exploration es similar. La compañía británica descubrió Sea Lion en 2010 y continúa siendo socia del proyecto con una participación del 35%.
En agosto de 2013, el Gobierno argentino también inhabilitó a Rockhopper por 20 años por realizar actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en áreas próximas a Malvinas.
Es decir que las dos empresas específicamente mencionadas por Milei ya arrastran sanciones de Argentina. El cambio anunciado apunta ahora a acelerar los procedimientos frente a nuevas actividades y a ampliar las consecuencias sobre quienes hagan posible los proyectos.
Las otras petroleras que aparecen alrededor de Malvinas
Sea Lion no es el único proyecto hidrocarburífero de la zona. El Departamento de Recursos Minerales del gobierno isleño reconoce actualmente como titulares de licencias de producción a Borders & Southern Petroleum, Rockhopper Exploration y sus subsidiarias Falkland Oil & Gas y Desire Petroleum, Navitas Petroleum y JHI Falklands.
Varias de ellas también tienen antecedentes de sanciones argentinas. Borders & Southern Petroleum posee áreas en la cuenca ubicada al sur de las islas y controla, entre otros activos, el descubrimiento Darwin East, asociado principalmente a gas y condensado. Argentina la inhabilitó en 2013 por un plazo de 20 años.
También fueron sancionadas ese año Falkland Oil and Gas Limited (FOGL) y Desire Petroleum, actualmente vinculadas al grupo Rockhopper y todavía presentes en distintas licencias otorgadas por las autoridades isleñas. Ambas recibieron inhabilitaciones por 20 años.
Otra compañía que aparece en el mapa es JHI Falklands Inc., titular de la licencia PL001, ubicada en la cuenca norte y cercana a las áreas de Sea Lion.
La novedad: las sanciones podrían llegar a los proveedores
Uno de los aspectos más importantes del anuncio presidencial aparece fuera del listado tradicional de petroleras.
Milei anticipó que el proyecto que enviará al Congreso buscará que los proveedores que colaboren con estos desarrollos reciban las mismas penas y prohibiciones aplicadas a las empresas directamente involucradas.
Además, quienes resulten alcanzados quedarían imposibilitados de contratar dentro de Argentina, tanto con el Estado como con privados, según adelantó el Presidente.
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Esto abre un universo mucho más amplio de posibles compañías afectadas. Un ejemplo concreto es Bluewater, propietaria de la plataforma flotante Aoka Mizu, elegida para Sea Lion.
La compañía anunció en febrero de 2026 que recibió de Navitas un contrato para adaptar y operar esa unidad en el proyecto. El acuerdo tiene una duración inicial de 12 años, con opciones para extenderlo durante otros ocho, y Bluewater estimó una cartera contractual superior a los US$650 millones.
La Aoka Mizu será una pieza central para la primera etapa de explotación porque funcionará como una instalación flotante capaz de recibir el petróleo de los pozos submarinos, procesarlo, almacenarlo y posteriormente transferirlo a buques.
Si la modificación legal anunciada por Milei termina aprobándose con el alcance adelantado durante la cadena nacional, compañías de este tipo podrían pasar a estar directamente expuestas a las sanciones argentinas.
Rockhopper informó además que el proyecto ya tiene contratados servicios vinculados con la plataforma flotante, el equipo de perforación y las tareas de perforación y terminación de pozos, por lo que la cadena empresaria asociada al desarrollo excede ampliamente a Navitas y Rockhopper.
Qué establece actualmente la ley argentina
La Ley 26.659 establece las condiciones para desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina y exige autorización de las autoridades nacionales.
La norma también contempla sanciones para quienes tengan participación directa o indirecta en empresas que realicen actividades sin permiso argentino y para quienes presten determinados servicios destinados a esos desarrollos.
Entre las consecuencias previstas se encuentra la inhabilitación durante un período de entre cinco y 20 años para operar en Argentina.
Ahora, el Gobierno pretende endurecer ese esquema. Según adelantó Milei, el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional buscará reforzar las prohibiciones, extender expresamente las penas a proveedores y participantes indirectos y aumentar la capacidad del Estado argentino para actuar contra las compañías involucradas.
El propio Gobierno justificó las medidas por el avance de Sea Lion y aseguró que pretende utilizar herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales para intentar impedir la explotación de los recursos hidrocarburíferos sin autorización argentina.
Así, Navitas y Rockhopper aparecen como los primeros nombres de la lista, pero no necesariamente los últimos. El alcance real de las nuevas sanciones dependerá ahora del decreto anunciado por el Ejecutivo y, especialmente, del texto que finalmente apruebe o rechace el Congreso.
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