El teléfono del ex subsecretario de Políticas Sociales, una prueba clave en la causa "cooperativa fantasma", fue enviado a Buenos Aires y luego a San Luis, pero ningún equipo logró desbloquearlo.
Una prueba sellada: la Fiscalía no pudo "abrir" el teléfono de Oyhenart
Una de las pruebas que la Fiscalía de Delitos Económicos consideraba clave en el expediente por peculado durante la gestión municipal de Daniel Orozco en Las Heras, terminó siendo inaccesible: el teléfono celular de Osvaldo Oyhenart, ex subsecretario de Políticas Sociales y uno de los principales acusados en la causa "cooperativa fantasma", no pudo ser abierto por ningún equipo forense del país.
El dispositivo, un Samsung Galaxy A75, fue secuestrado en el marco de la investigación judicial por las contrataciones directas y licitaciones irregulares a la cooperativa "Manos a la Obra", que habría recibido casi 40 millones de pesos (unos 200.000 dólares al tipo de cambio de aquel momento) sin contraprestación durante y después de la pandemia.
En esta causa, que se inició tras una investigación del Post publicada en junio de 2023, bautizada posteriormente como "cooperativa fantasma", están imputados por "peculado" el exintendente Orozco, su esposa y exsecretaria de Gobierno, Janina Ortiz, y el propio Oyhenart. Al mismo tiempo, el fiscal considera que fueron "partícipes necesarios" el yerno de Oyhenart, Juan Pablo Pandolfi, el dirigente del PRO y exfuncionario municipal Matías Mostaccio, el ex subcontador Daniel Herrera y el presidente de la cooperativa fantasma y puntero político, Adrián "Moco" Pérez.
Tres provincias, tres grupos de peritos informáticos y ningún resultado
En los últimos meses de 2023, el teléfono celular de Oyhenart fue enviado a una dependencia judicial especializada en informática forense de Buenos Aires, con la esperanza de acceder al contenido del equipo. Sin embargo, los técnicos no lograron superar el sistema de seguridad del dispositivo.
Ante ese revés, en 2024 el aparato fue derivado a una oficina técnica del Poder Judicial de San Luis, donde se presumía que contaban con un software más avanzado para romper los bloqueos del teléfono. Tampoco allí hubo suerte.
Finalmente, el teléfono fue devuelto a la Fiscalía de Mendoza sin resultados: no se pudo extraer ni una sola conversación, fotos ni registros del aparato. Es decir, una pieza que podría haber revelado el contenido de los chats entre Oyhenart y otros imputados -incluidos Pandolfi, Orozco y Ortiz- ya no aportará nada a la causa.
Fuentes judiciales confiaron al Post que, "a esta altura del partido", es prácticamente imposible acceder al dispositivo. Por lo tanto, dan por descartada la prueba potencial que surgiría del teléfono de uno de los principales apuntados por el escándalo de corrupción.
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De todas maneras, sería inminente el pedido de elevación a juicio de la causa "cooperativa fantasma" a partir de una "batería" de pruebas: planillas de personal con firmas falsificadas, testimonios de los presuntos contratados desconociendo el vínculo, declaraciones de exfuncionarios, mensajes de teléfonos a los que sí pudieron acceder, informes del Tribunal de Cuentas, entre otras.
La causa "cooperativa fantasma"
La causa judicial apunta a una presunta maniobra de corrupción durante la gestión de Orozco y Ortiz, donde una cooperativa sin antecedentes ni movimientos -"Manos a la Obra"- fue beneficiada con cuatro adjudicaciones millonarias: dos licitaciones y dos contrataciones directas para realizar tareas de limpieza en el municipio que no se realizaron.
Esta causa judicial se nutrió de una investigación del Post (ver aparte) sobre cómo la Municipalidad de Las Heras, bajo la gestión de Orozco y Ortiz, usó cooperativas que no registraban movimientos para contratar servicio de limpieza durante la pandemia (y después también), por el que pagaban suculentas sumas de dinero sin que exista una contraprestación.
La Fiscalía de Delitos Económicos centró la causa judicial sólo en una de esas cooperativas mencionadas en el informe del Post: "Manos a la Obra". Durante la investigación, se detectó que a través de dos contrataciones directas y dos licitaciones le habían transferido de manera irregular cerca de $40 millones (al tipo de cambio de ese momento equivaldría a 200.000 dólares), con la participación de tres actores clave: Orozco, Ortiz y Oyhenart.
Orozco, Ortiz y Oyhenart fueron imputados por "peculado en cuatro hechos en concurso real", por las 2 licitaciones y 2 contrataciones directas adjudicadas a la cooperativa "Manos a la Obra", expedientes que la exsecretaria de Gobierno negó haber firmado, lo que fue derrumbado por las pericias caligráficas.
En la misma causa, fueron imputados como "partícipes necesarios" el yerno de Oyhenart,Pandolfi; el dirigente del PRO y exfuncionario municipal Matías Mostaccio, el ex subcontador Daniel Herrera; y el presidente de la cooperativa fantasma y puntero político, Adrián "Moco" Pérez.
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A otros exfuncionarios de Orozco se los imputó por "peculado culposo": Mauricio Valle, exdirector de Suministros; Carlos Nofal, exsecretario de Hacienda; Mauro Homan, aún secretario Legal y Técnico de la comuna; Leandro Tassi, de Contaduría, al igual que Javier Tolín; y Patricia Díaz, exdirectora de Tesorería.
La causa coacción
Por otra parte, el fiscal ya pidió la elevación a juicio contra Janina Ortiz por "amenazas coactivas", ya que habría coaccionado a una empleada municipal, a través de otra agente, a mantener relaciones sexuales con el entonces subsecretario de Políticas Sociales Oyhenart, para que lo hiciera hablar y grabara la conversación. Todo esto bajo la amenaza de que si no lo hacía, ambas mujeres perderían su trabajo en la Municipalidad de Las Heras.
En tanto, Patricia Rivero y Carolina Murúa, madre e hija que trabajaban para Ortiz, habrían "negociado" la entrega del audio que las dos empleadas municipales habrían retenido. Y en una reunión en la casa de Rivero en abril de 2023, madre e hija habrían sacado un arma de un mueble, proyectiles, y habrían exigido a las denunciantes la entrega del material.
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Del expediente surge que Ortiz quería grabar a Oyhenart porque pensaba que era parte de un complot en su contra. Por eso presionó a dos empleadas, bajo la amenaza de perder la fuente laboral, para que una de ellas se encontrara con el funcionario en un telo y lo "haga hablar" de ese presunto complot.
En este expediente, el P-63.716/23, Ortiz está imputada por amenazas coactivas, un delito que prevé una condena de 2 a 4 años de prisión; en este punto, en caso de ser encontrada culpable, la exfuncionaria de Las Heras podría ir a la cárcel ya que la eventual sentencia podría superar los 3 años y esto implicaría prisión efectiva.
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