Escándalo en San Luis por una cosecha de maíz en un campo estatal

Una investigación judicial en la provincia de San Luis generó un fuerte impacto político luego de que salieran a la luz presuntas irregularidades vinculadas con la cosecha de maíz realizada en un establecimiento rural que había sido recuperado por el Estado provincial. La causa involucra a exfuncionarios del gobierno provincial y también alcanzó a un integrante del máximo tribunal de justicia local, aunque este último no figura imputado.

Según destaca el informe de Clarín,  el predio en cuestión es "El Caburé", una propiedad de aproximadamente 1.997 hectáreas ubicada en el sur de la provincia. Años atrás había sido adjudicada para desarrollar un proyecto relacionado con la producción y transferencia de embriones de caballos de polo. 

Sin embargo, tras diversos incumplimientos atribuidos a la empresa que tenía la concesión, el gobierno provincial dispuso la restitución del inmueble al patrimonio estatal. La recuperación efectiva del campo se concretó en 2024.

 Cuando las autoridades ingresaron al establecimiento encontraron una extensa superficie sembrada con maíz. Según la investigación, la administración provincial no contaba con recursos para afrontar el costo de una cosecha tradicional, por lo que se buscó una alternativa para levantar el cultivo antes de que se perdiera.  

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En ese contexto se contactó a un productor agropecuario que aceptó realizar los trabajos a cambio de una parte de la producción obtenida.

La controversia surgió debido a la forma en que se habría instrumentado ese acuerdo. La fiscalía sostiene que no existieron los procedimientos administrativos exigidos para una contratación estatal, ni expedientes formales que respaldaran la operación. Además, cuestiona que la cosecha se haya realizado sin los controles necesarios para garantizar la preservación de un bien que, según la interpretación de los investigadores, pertenecía a la provincia.

Entre los principales acusados aparecen el entonces secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, y Darío Oviedo Helfenberger, funcionario que participó en las gestiones vinculadas al campo. Ambos fueron procesados por delitos relacionados con la administración de bienes públicos, aunque la acusación no sostiene que se hayan apropiado personalmente del maíz, sino que habrían incumplido sus obligaciones de resguardo y control.

Uno de los elementos que más repercusión generó fue la aparición de conversaciones de WhatsApp incorporadas al expediente. En esos intercambios, un entonces fiscal general provincial -actual integrante del Superior Tribunal de Justicia- habría avalado la continuidad de la cosecha mediante un mensaje breve. La defensa de Oviedo argumenta que actuó siguiendo instrucciones y autorizaciones de superiores, utilizando esos mensajes como parte de su descargo. El magistrado mencionado declaró en la causa, aunque no enfrenta cargos penales.

Por su parte, el contratista que realizó la recolección sostuvo que las condiciones climáticas habían afectado seriamente los rindes del cultivo y que la producción obtenida fue menor a la prevista. Según su versión, presentó documentación y comprobantes de gastos ante la Justicia y no se encuentra imputado.

Mientras algunos sectores estimaron que el valor potencial de la cosecha podría haber alcanzado varios millones de dólares, la fiscalía provincial relativizó esas cifras. No obstante, mantiene que el eje de la investigación no pasa por la valuación exacta del grano sino por determinar si existieron irregularidades en la gestión de un activo perteneciente al Estado.

El caso provocó consecuencias políticas inmediatas dentro de la administración provincial. Bazla dejó su cargo y el expediente continúa avanzando en sede judicial. La fiscalía debe resolver si reúne elementos suficientes para impulsar un juicio oral o si corresponde adoptar otra definición procesal. Entretanto, la controversia sigue ocupando un lugar central en el debate político de San Luis. 

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