Es oficial la emergencia del Sistema Hidroeléctrico "Los Nihuiles"

El Gobierno de Mendoza declaró la emergencia del Sistema Hidroeléctrico "Los Nihuiles" a través de la Ley N° 9630, sancionada el 21 de mayo de 2025 y publicada este lunes en el Boletín Oficial. 

Esta medida responde a la necesidad de asegurar la continuidad del suministro eléctrico y optimizar el uso de los recursos hídricos del sur provincial, especialmente los provenientes del Río Atuel y el Río Diamante. 

El plazo de emergencia establecido por la norma será de 14 meses y se extenderá durante todo el período de transición. La ley prevé, además, una serie de acciones extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo para enfrentar la situación.

Durante ese lapso, la operación y mantenimiento de la infraestructura hidroeléctrica seguirán a cargo de las actuales concesionarias: Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A. (HINISA) y Hidroeléctrica Diamante S.A. (HIDISA). La continuidad está sujeta al cumplimiento de los compromisos contractuales de cada empresa, mientras se prepara un proceso de licitación pública para una nueva concesión. La legislación permite la contratación directa por parte del Ejecutivo provincial, sin sujeción al régimen general, con el objetivo de garantizar la funcionalidad del sistema.

Se activa un plan de contingencia energético

La declaración de emergencia del Sistema Hidroeléctrico "Los Nihuiles"  se transforma así en una herramienta legal para asegurar la estabilidad energética de Mendoza, especialmente en un contexto de creciente demanda y de variabilidad en la disponibilidad de caudales. Esta decisión se articula con los decretos 1021/2024 y 1085/2024, que habían iniciado una etapa de transición en la gestión del complejo hidroeléctrico. La normativa también contempla la posibilidad de una concesión conjunta de los sistemas Los Nihuiles y Diamante, lo que apunta a una mayor eficiencia en la administración del recurso hídrico.

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La ley autoriza al Ejecutivo provincial a llevar adelante la licitación por un nuevo contrato de concesión, que podrá extenderse hasta 30 años, según lo determine el pliego de bases y condiciones correspondiente. También se faculta al Gobierno a utilizar recursos del presupuesto provincial para garantizar la operatividad del sistema durante la emergencia, incluyendo la reasignación o ampliación de partidas. En el mismo sentido, el Poder Ejecutivo podrá exigir a las actuales concesionarias toda la documentación necesaria para preparar la nueva etapa de gestión.

Participación del Estado Nacional y control legislativo

La legislación recientemente sancionada no solo contempla medidas provinciales, sino que también reconoce la necesidad de coordinación con el Estado Nacional. Esto será esencial para garantizar que los actos administrativos se ajusten a lo previsto en las Leyes Nacionales N° 15.336 y N° 24.065, relativas a la regulación del servicio eléctrico. La normativa mendocina aclara que estas acciones no invalidan las autorizaciones nacionales requeridas para una licitación conjunta.

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Como mecanismo de control institucional, la ley establece que el Poder Ejecutivo provincial deberá presentar cada noventa días un informe detallado ante la Honorable Legislatura. Este informe deberá incluir el estado de avance del proceso licitatorio, las acciones tomadas para la transición, y las medidas adoptadas para asegurar la continuidad del servicio. Este sistema de seguimiento busca dar transparencia al proceso y asegurar que las decisiones técnicas y administrativas se mantengan dentro del marco legal.

Objetivos a mediano plazo y proyecciones energéticas

La Ley N° 9630 representa un paso estratégico para el futuro energético de Mendoza, en un contexto donde el cambio climático y la eficiencia en el uso de los recursos hídricos cobran creciente relevancia. Las medidas incluidas en la norma apuntan a asegurar un servicio estable de generación eléctrica y a dar previsibilidad a las inversiones futuras. La eventual concesión conjunta de ambos sistemas hidroeléctricos podría significar una modernización sustancial de las instalaciones y una mejora en los indicadores de eficiencia energética.

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La emergencia del Sistema Hidroeléctrico "Los Nihuiles" es también un llamado de atención sobre la necesidad de actualizar los contratos de concesión y reforzar el control del Estado sobre recursos estratégicos. La provincia se encamina hacia un rediseño de su matriz energética, con foco en la sustentabilidad y la eficiencia, metas que serán fundamentales en la nueva licitación. Con esta ley, el Gobierno provincial asume un rol activo en la administración de su infraestructura crítica, marcando el inicio de una nueva etapa en la política energética mendocina.