Varias organizaciones locales se sumarán a la manifestación. Por lo menos diez de los convocantes a nivel nacional están condenados, procesados o imputados. La oposición dice que es "golpista".
En Mendoza también convocan a marchar contra la Corte
Organizaciones sindicales, sociales, dirigentes y funcionarios del Poder Judicial marcharán este martes a la sede de la Corte Suprema para reclamar por cambios en la Justicia. Bajo la consigna "Democratizar la Justicia", la convocatoria será a las 18 en Plaza Lavalle, frente al Palacio de Justicia del macrocentro porteño. En Mendoza, también convocan a las 18 30 para marchar desde el km 0 a Tribunales Federales.
En Buenos Aires, asistirán el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; del titular de la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky; del co-secretario general de la CGT y dirigente camionero, Pablo Moyano; y del dirigente social Luis D'Elia, entre otros. Varios de ellos, están condenados, procesados o imputados.
Las organizaciones de Mendoza adhieren a las consignas que piden la renuncia de la Corte, el fin del Lawfare, la democratización de la Justicia. "Reafirmamos que no hay democracia plena con un Poder Judicial hegemonizado y cooptado por fuertes intereses y que desde hace años ha dejado de ser un poder imparcial e independiente. Día a día se develan todas las tropelías a que son sometidas las personas e instituciones, especialmente el pueblo trabajador y sus representaciones, que se cruzan en el camino de los poderes fácticos y su voracidad de poder", señala el comunicado.
Cristina Fernández en Honduras.
Además, agrega que "la corrupción se extiende en la Administración de Justicia, a lo largo y lo ancho de nuestra Argentina, Mendoza es un claro ejemplo de un poder judicial cooptado por un ejecutivo provincial para perseguir y sancionar intereses y derechos populares.
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Con causas pendientes
Entre las "personalidades" y políticos que convocan a nivel nacional están por ejemplo Luis D'Elía, referente piquetero condenado a cuatro años de cárcel y 8 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por la toma de una comisaría en el barrio porteño de La Boca, en 2004. La Corte Suprema confirmó, el año pasado, la condena, quien tiene libertad condicional.
También está el juez Juan Ramos Padilla. Su hijo, el juez Alejo Ramos Padilla, está imputado en el caso del Operativo Puf contra la causa de los Cuadernos de las Coimas.
Cristina Kirchner, no convocó pero el jueves desde Honduras afirmó que antes había golpes militares en América Latina y "ahora golpes judiciales" en alusión a fallos de la Corte. Si bien fue sobreseída en las causas Dólares Futuro, Pacto con Irán y Hotesur, aún le quedan siete procesamientos.
Aníbal Fernández.
El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández fue procesado por el juez Claudio Bonadio en la causa que investiga irregularidades en los Programas Municipales para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, entre 2013-2015, por $ 600 millones.
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Mientras que la jueza María Servini lo procesó a Aníbal y a otros ex jefes de Gabinetes el delito de violación de los deberes de funcionario público y los embargó en $10 millones por no haber controlado los fondos del programa Fútbol para Todos. El año pasado, fue sobreseído en la causa del Plan Qunita.
Hugo Moyano fue denunciado por la diputada Graciela Ocaña por supuesto enriquecimiento ilícito hace tres años pero la causa sigue sin definición.
Golpista
Juntos por el Cambio emitió un comunicado el sábado donde remarcó que la Constitución establece el modo para remover jueces y subrayó que "este procedimiento no puede ser sustituido por reclamos facciosos como los que alienta el Gobierno", ya que advirtió que "se trata lisa y llanamente de una actitud golpista" en referencia a la marcha convocada para mañana.
El espacio opositor cuestionó el apoyo de funcionarios nacionales, incluido el presidente Alberto Fernández, a la marcha a Tribunales convocada para el próximo martes y afirmó que el respaldo oficial "es un acto de suma gravedad institucional y otro paso más en la política sistemática que asumió el oficialismo de atacar a los jueces que no se comportan según sus deseos".
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