La iniciativa empezó a discutirse en un plenario de comisiones de Diputados. El Gobierno asegura que no afectará los recursos destinados a reparar establecimientos educativos y que apunta a crear una herramienta financiera para facilitar el acceso a la vivienda de los docentes.
Cómo avanza el proyecto de la DGE para financiar viviendas docentes
El proyecto para modificar la Ley 9545 y fortalecer el Fondo Escolar Permanente comenzó a ser evaluado este lunes en la Legislatura provincial. La propuesta, impulsada por el Poder Ejecutivo, busca ampliar el uso de los recursos del fondo para mejorar la infraestructura escolar y, además, respaldar programas de acceso a la vivienda para docentes.
Del plenario de las comisiones de Cultura y Educación y de Hacienda participaron el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, junto a funcionarios de la cartera educativa.
Allí explicó que la iniciativa pretende introducir "una herramienta de vanguardia financiera" que permita utilizar parte del patrimonio del fondo como garantía para operaciones crediticias vinculadas a viviendas docentes.
La discusión legislativa se da una semana después de que Educación presentara formalmente el proyecto en la Cámara de Diputados. El Gobierno sostiene que la reforma apunta a modernizar la administración del Fondo Escolar Permanente y sumar recursos provenientes de bienes en desuso, herencias vacantes y propiedades obtenidas por procesos de extinción de dominio.
Qué cambiaría
Según el texto en estudio, las rentas generadas por el fondo podrán destinarse a la compra de terrenos, construcción, reparación, mantenimiento y equipamiento de edificios escolares. Además, se habilitaría a la DGE a utilizar recursos del fondo como garantía o respaldo de créditos y programas habitacionales para el personal docente.
El proyecto aclara que esto no implicará suspender ni desfinanciar el Fondo Escolar Permanente, sino crear mecanismos específicos de disponibilidad restringida, como subcuentas o fondos de garantía, con límites de plazo y condiciones que deberán fijarse en la reglamentación.
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García Zalazar definió la propuesta como una "reingeniería financiera y patrimonial inteligente" y afirmó que el objetivo es administrar de manera más eficiente los bienes del Estado y usarlos como palanca para obtener financiamiento destinado a viviendas docentes y mejoras edilicias.
El problema habitacional docente
Durante la exposición, el ministro señaló que Mendoza tiene alrededor de 46.000 docentes y que aproximadamente la mitad presenta dificultades para acceder a una vivienda propia. Muchos alquilan o viven en inmuebles prestados, situación que, según dijo, motivó la búsqueda de una herramienta específica para el sector.
También informó que el Fondo Escolar Permanente cuenta actualmente con unos 530 millones de pesos provenientes de cinco remates ya realizados, mientras que hay otros 12 bienes en proceso de evaluación. Antes de subastarlos, la DGE analiza si esos terrenos pueden ser útiles para construir escuelas; si no resultan aptos, continúan el proceso para su venta pública.
Infraestructura escolar
Ante consultas de legisladores, el ministro aseguró que la iniciativa no afectará el plan de reparación de escuelas. Sostuvo que la intención es seguir construyendo nuevos establecimientos, aunque las decisiones dependen de estudios de ubicación y necesidad educativa.
En ese sentido, recordó que el plan oficial prevé llegar a 33 escuelas nuevas -de las cuales ya se concretaron 18- y ampliar a 300 las escuelas con jornada extendida.
Para el Gobierno, el proyecto permitirá dar "un nuevo uso" a los recursos del Fondo Escolar Permanente sin afectar su funcionamiento y concentrar mayores esfuerzos en la recuperación de edificios escolares antiguos, donde las inversiones necesarias son, en muchos casos, similares a las de construir una escuela nueva.
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Este es el proyecto completo
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