El Tribunal de Cuentas detectó irregularidades en un programa de compra de carne para ayuda social. Janina Ortiz y Osvaldo Oyhenart, lo más complicados. Por esta y otras malversaciones, deberán pagar más de $80 millones por el ejercicio 2023.
"Carne para todos": otro escándalo de la gestión Orozco-Ortiz en Las Heras
Más de $81 millones deberán devolver al municipio de Las Heras la exsecretaria de Gobierno Janina Ortiz y el ex subsecretario de Políticas Sociales Osvaldo Oyhenart por irregularidades y malversación de fondos durante el año 2023, que se suman a una sanción anterior por $60 millones del año 2022, totalizando alrededor de $141 millones entre ambos. Así lo dispuso el Tribunal de Cuentas, en un reciente fallo, en el que también multaron al exintendente Daniel Orozco y otros exfuncionarios.
La novedad del último fallo del Tribunal de Cuentas es que, cuando parecía que el #LasHerasGate se agotaba en el escándalo de las cooperativas y las coacciones, surgió otra irregularidad de dimensiones similares, vinculada a la compra de carne para ayuda social, un procedimiento plagado de irregularidades.
Por este caso, el Tribunal de Cuentas sancionó a Ortiz y Oyhenart a devolver a la comuna $33.941.030 entre ambos. Se trata de un programa similar a "Carne para todos", que consistía en comprar cortes vacunos subsidiando una parte del precio ($650 por bolsón) y dejando que el vecino pagara la diferencia. Sin embargo, no existe documentación que acredite que los bolsones llegaran efectivamente a los beneficiarios, ni constancia de quién cobraba el importe restante ni cómo se facturaba esa venta.
Del expediente del Tribunal de Cuentas surge que el funcionario que certifica la recepción de bienes era el mismo que efectuó la nota de pedido de suministro y que también intervino en el procedimiento de selección del contratante, Oyhenart, "constituyendo un escenario de incompatibilidad según establece la normativa vigente". Además, el agente municipal que firmó un remito del proveedor fue Adrián "Moco" Pérez, señalado como puntero político del exfuncionario y presidente de la "cooperativa fantasma" Manos a la Obra.
Lo mismo ocurrió con Ortiz, "quien con su firma avala el pedido de suministro y suscribe, como uno de sus miembros, el Informe de la Comisión de Pre-Adjudicación".
El Tribunal consideró que "no se ha dado cumplimiento a las normas mínimas de rendición de cuentas establecidas en Acuerdo 5383 (t.o. 6348), en el cual en su art 1° dice que las entregas por ayuda social directa deben ser respaldadas con documentación fehaciente de la recepción por cada beneficiario".
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Si bien no fue sancionado con cargos, el exintendente Orozco fue multado por el "CarneGate", al igual que Carlos Nofal (Hacienda) y Javier Tolín (Contaduría), "por la participación y la falta de control en el desarrollo del proceso de contratación, selección del adjudicatario y posterior entrega de la mercadería".
Concretamente sobre Orozco, el Tribunal destacó que, además, "es responsable por la emisión del Decreto N°84/2023 de adjudicación y por autorizar las órdenes de pago".
Otras irregularidades y sanciones del 2023: "cooperativa fantasma"
El Tribunal de Cuentas también sancionó severamente a la exsecretaria de Gobierno y al ex subsecretario de Políticas Sociales por su rol en la contratación irregular de la cooperativa "Manos a la Obra", que, según constató el organismo y la Justicia ordinaria, no tenía existencia real. Entre Ortiz y Oyhenart deberán devolver $36.568.000 por las irregularidades de 2023.
La auditoría detectó múltiples irregularidades en 2023, tal como ocurrió con el ejercicio anterior del 2022: planillas de operarios firmadas por personas que niegan haber trabajado, jornadas cobradas como dobles sin justificación, falta de control sobre la prestación de los servicios y, finalmente, la constatación de que la cooperativa estaba suspendida por el INAES por no acreditar actividad.
Ortiz y Oyhenart firmaron facturas, informes de cumplimiento y avalaron pagos por más de 36 millones de pesos sin contar con pruebas documentales legítimas.
El caso, que también motivó una causa penal a partir de una investigación del Post, expuso un esquema de funcionamiento interno sin controles efectivos, donde Ortiz y Oyhenart no solo participaron en la contratación, sino que además convalidaron con su firma todas las etapas del proceso, desde la selección del contratista hasta la supuesta prestación de los servicios. El Tribunal de Cuentas concluyó que sus acciones configuraron actos ilegítimos que provocaron un daño patrimonial millonario al municipio.
También se considera un procedimiento administrativo irregular, sancionado con multa, la actuación del intendente Orozco, esposo de Ortiz, y otros funcionarios, tal como sucedió por las irregularidades en la compra y distribución de bolsones de carne.
Desaparecieron camas, computadoras, escritorios y una bicicleta fija
El total de la sanción por el ejercicio 2023 contra Ortiz y Oyhenart, los más "complicados" de la gestión municipal anterior, es de $81.072.466. De ese monto, $33.941.030 corresponden al "CarneGate", $36.568.000 a la "cooperativa fantasma" y $7.673.091 por la desaparición de camas, colchones, computadoras, cortinas y hasta una bicicleta fija que había comprado la comuna bajo órdenes de Janina Ortiz.
La auditoría del Tribunal de Cuentas advirtió que no existe documentación que respalde el destino de estos bienes. Según el informe, fueron comprados por la Secretaría de Gobierno, a cargo de Ortiz, como parte de un convenio con el entonces intendente de General Alvear, Walther Marcolini, para alojar en el Polimeni a jóvenes de ese departamento que estudien en el Gran Mendoza.
En una primera inspección, el Tribunal detectó que los objetos comprados estaban en el depósito municipal. Semanas después, cuando regresaron a verificar que hayan sido instalados en el Polimeni, no estaban en ese predio y tampoco en el depósito mencionado. También se detectó el faltante de un horno eléctrico y un "cicloergómetro vertical" (una bicicleta fija).
La entonces secretaria de Gobierno, en su descargo, sostuvo que no podía ser responsabilizada por los faltantes debido a que había dejado el cargo el 23 de noviembre de 2023. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas rechazó este argumento, recordando que los bienes faltaban durante el período en que ella todavía ejercía funciones y que tenía la obligación de rendir cuentas.
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Ante esto, se aplicó un cargo por daño patrimonial de $7.673.091, suma que incluye el valor de los bienes faltantes y los intereses calculados hasta la fecha.
El fallo completo:
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