La diputada Griselda Petri presentó un proyecto para restringir el uso de las inhibiciones generales de bienes en los juicios de apremio. La iniciativa apunta a evitar que contribuyentes y pequeñas empresas queden bloqueados patrimonialmente por deudas de bajo monto.
Buscan poner límites a las inhibiciones por deudas fiscales en Mendoza
La diputada de la UCR Griselda Petri presentó un proyecto de ley que busca modificar las reglas para la aplicación de las inhibiciones generales de bienes en Mendoza. La iniciativa propone que esta herramienta solo pueda utilizarse en los casos en que no existan bienes identificables para garantizar una deuda o cuando otras medidas cautelares resulten insuficientes para asegurar el cobro.
La propuesta apunta a reformar el artículo 250 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario y surge a partir de cuestionamientos sobre el alcance que actualmente tienen las inhibiciones en los juicios de apremio, el mecanismo utilizado por el Estado para reclamar deudas tributarias.
Según explicó la legisladora, la normativa vigente permite solicitar una inhibición general incluso antes de que se inicie formalmente el proceso judicial y con la sola presentación del título ejecutivo. Esto puede derivar en situaciones que afectan la capacidad operativa de personas, comerciantes y pequeñas empresas.
"La finalidad del Estado debe ser cobrar lo que corresponde, no paralizar la vida económica de los mendocinos. Las medidas cautelares tienen que ser razonables y proporcionales", sostuvo Petri al fundamentar el proyecto.
La iniciativa plantea incorporar el criterio de menor afectación patrimonial posible, estableciendo que antes de recurrir a una inhibición general se prioricen medidas más específicas, como los embargos sobre bienes determinados. El objetivo es que las restricciones recaigan únicamente sobre el patrimonio necesario para garantizar el cobro de la deuda y no sobre la totalidad de los bienes del contribuyente.
La diputada advirtió que una inhibición general puede generar consecuencias que van más allá del reclamo fiscal. Entre otras limitaciones, puede impedir la venta de inmuebles, la transferencia de vehículos, el acceso a créditos bancarios o la continuidad de determinadas actividades comerciales.
El proyecto también tiene en cuenta los avances registrados en los últimos años en los sistemas judiciales y registrales de Mendoza, donde la digitalización de trámites vinculados a medidas cautelares permite una mayor precisión en la identificación y afectación de bienes.
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"Necesitamos un sistema tributario eficiente, pero también justo. El poder de cobro del Estado no puede transformarse en una herramienta que asfixia económicamente a quienes trabajan, producen e invierten en Mendoza", afirmó la legisladora.
La propuesta deberá ahora comenzar su tratamiento legislativo en la Cámara de Diputados, donde se abrirá el debate sobre el alcance de las herramientas de cobro del Estado y los límites que deben tener para evitar efectos desproporcionados sobre los contribuyentes
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