El diputado peronista presentó un pedido de informes tras la admisión del Gobierno sobre el uso de fondos destinados al sistema vial para contribuir al equilibrio fiscal y sostuvo que un fiscal debería investigar el destino de esos recursos.
Aveiro pide que la Justicia investigue el destino de los fondos viales
El diputado nacional mendocino Martín Aveiro presentó un pedido de informes en la Cámara para conocer qué ocurrió con los fondos recaudados mediante el Impuesto a los Combustibles Líquidos, luego de que el Gobierno nacional reconociera que parte de esos recursos son utilizados para contribuir al equilibrio de las cuentas públicas.
La presentación surgió después de una investigación publicada por La Nación y apunta al destino de los recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial), que tienen una asignación específica vinculada al mantenimiento y la mejora de las rutas nacionales. Según el planteo de Aveiro, hay más de $1,5 billones inmovilizados y una subejecución del 73,8% en partidas destinadas a infraestructura vial.
El legislador pidió que el Gobierno informe sobre las operaciones realizadas con esos recursos y remitan documentación relacionada con la retención de fondos destinados al sistema vial. Entre otros puntos, busca conocer la nómina de colocaciones financieras y las resoluciones administrativas que fundamentaron esas decisiones.
Para Aveiro, el reconocimiento oficial sobre el destino de los fondos constituye un elemento que debería ser analizado judicialmente. "La admisión que hizo el Gobierno no es una justificación económica; es la confesión explícita de un delito", sostuvo el diputado, quien cuestionó que el dinero recaudado a través del impuesto pueda ser utilizado para otros fines.
En esa línea, remarcó que los recursos tienen un destino determinado por ley: "El Impuesto a los Combustibles Líquidos no es una caja discrecional del Tesoro ni un cheque en blanco para dibujar balances". Y agregó: "Cada argentino que paga nafta en el surtidor lo hace con el mandato constitucional expreso e indisponible de que ese dinero vuelva en calzadas transitables, señalización y seguridad vial".
El diputado también cuestionó el argumento de que la utilización de los fondos responda a la necesidad de sostener el equilibrio fiscal. "Usar la plata de las rutas destruidas para hacer financiera y ostentar superávit no es gestión, es abandono criminal", afirmó.
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Además, Aveiro sostuvo que las medidas adoptadas por el Ejecutivo no estarían contempladas por las normas invocadas por el Gobierno. "Ni la Ley Bases ni la emergencia del Decreto 70/2023 autorizan al Poder Ejecutivo a malversar fondos de afectación específica mientras el fideicomiso continúe vigente", aseguró.
El reclamo parlamentario también pone el foco en el impacto sobre las rutas nacionales y los convenios con las vialidades provinciales. En ese sentido, el legislador advirtió que la falta de inversión y mantenimiento puede profundizar el deterioro de la infraestructura y aumentar los riesgos para quienes circulan por las rutas.
Finalmente, Aveiro anticipó que buscará que se determinen las responsabilidades correspondientes si se comprueba que los recursos fueron utilizados de manera diferente a la prevista. "Si para 'lograr el equilibrio fiscal' ponen en peligro la vida de miles de compatriotas, los funcionarios responsables deberán responder patrimonial y penalmente ante los tribunales", sostuvo.
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