La detención de un funcionario en San Rafael volvió a poner en el centro de la escena los casos de dirigentes y funcionarios públicos que fueron sorprendidos conduciendo con alcoholemia positiva en la provincia. Qué pasó con los casos anteriores.
Los casos recientes de funcionarios y políticos con alcoholemia positiva
La detención de un miembro del Consejo de Minería en San Rafael por conducir con alcohol en sangre y sin la documentación obligatoria volvió a instalar un tema que ya generó fuertes repercusiones en la política mendocina.
En los últimos años, distintos dirigentes y funcionarios fueron sorprendidos al volante con alcoholemia positiva, aunque las consecuencias fueron diferentes en cada caso.
Este hecho tuvo lugar el pasado 5 de julio, cuando Diego Silvestre conducía una Fiat Strada y, al ser controlado, arrojó un índice de 2,26g/l de alcohol en sangre.
No se trata del primer caso, sino que en el último año y medio hubo varios casos similares, con distintas consecuencias para quienes conducían con más del alcohol permitido en sangre.
Martín Antolín, el concejal que conservó su banca
Uno de los casos con mayor impacto político ocurrió a fines de noviembre de 2025 y tuvo como protagonista al concejal de San Rafael Martín Antolín, del Partido Libertario.
El edil fue detenido durante la madrugada mientras conducía un BMW blanco por la intersección de avenida Belgrano y Arístides Villanueva, en la Ciudad de Mendoza. El control de alcoholemia determinó que tenía 1,15 gramos de alcohol en sangre, por encima del límite permitido.
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El hecho derivó en un pedido para destituirlo del Concejo Deliberante. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada y Antolín logró conservar su banca, por lo que continúa ejerciendo como concejal.
Miqueas Burgoa y el escándalo en la Fiesta de la Ganadería
Otro de los antecedentes fue el del entonces concejal de Guaymallén Miqueas Burgoa, quien protagonizó un episodio durante la Fiesta Nacional de la Ganadería de 2025.
En un control realizado en Bowen, General Alvear, el dirigente registró 1,2 gramos de alcohol en sangre. Según las actas policiales, durante el procedimiento intentó utilizar su condición de funcionario para evitar las sanciones e incluso amenazó con comunicarse con el intendente para detener el operativo.
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Tras conocerse el caso, tanto el gobernador Alfredo Cornejo como el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, solicitaron públicamente su renuncia. Sin embargo, Burgoa permaneció en el cargo debido a que no prosperó el proceso para removerlo del Concejo Deliberante y completó su mandato.
Un año después, en mayo de 2026, el exconcejal lanzó una campaña de concientización sobre seguridad vial que volvió a poner el foco sobre aquel episodio.
Gustavo Villegas, el funcionario que renunció
Un desenlace distinto tuvo el caso de Gustavo Villegas, consejero del río Atuel en el Departamento General de Irrigación. La noche del 5 de febrero de 2026, luego de participar de un asado con amigos en General Alvear, fue sometido a un control de tránsito que arrojó 1,2 gramos de alcohol en sangre.
Al día siguiente puso su renuncia a disposición y el Gobierno provincial la aceptó oficialmente el 3 de marzo mediante un decreto firmado por el gobernador Alfredo Cornejo.
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Villegas integraba el Honorable Tribunal Administrativo de Irrigación, órgano conformado por los representantes de las distintas cuencas hídricas de la provincia. Su salida marcó una diferencia respecto de otros casos, ya que dejó el cargo pocos días después del hecho.
Con el episodio ocurrido esta semana en San Rafael, vuelve a repetirse una situación que en los últimos años involucró a funcionarios y dirigentes de distintos espacios políticos y que, según cada caso, terminó con renuncias, permanencias en el cargo o intentos fallidos de destitución.
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