Una influencer robó datos de cinco gobernadores para comprar en EEUU

 Valentina Olguín, cantante e influencer, es investigada por la Justicia Federal en una causa por presunto contrabando simulado. La acusación indica que utilizó los CUIT fiscales de cinco gobernadores argentinos para realizar compras en el exterior y eludir los controles establecidos por la Aduana.

La causa se inició tras una denuncia presentada por el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien recibió un aviso de una operación que no había realizado. Posteriormente, se detectó que también figuraban los nombres de Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Poggi (San Luis) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

Según informó El Liberal, el caso está a cargo del fiscal federal Agustín Chit y del juez José Manuel Díaz Vélez. La imputación contra Olguín se basa en el uso de identidades fiscales ajenas para importar mercadería desde el extranjero, superando el límite de cinco envíos anuales y el tope de 3.000 dólares permitido por el régimen de Courier.

En diciembre de 2024, se realizó un allanamiento en su domicilio de la Ciudad de Buenos Aires. Durante el procedimiento se secuestraron prendas, dinero, dispositivos electrónicos y documentación con información tributaria de distintas personas. La mercadería ingresaba al país a nombre de terceros y luego era vendida a través de redes sociales.

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Olguín declaró públicamente que no conocía las implicancias legales de su accionar. En declaraciones al canal LN+, dijo: "No sabía que era algo ilegal o que podía traer consecuencias serias. Pensé en qué CUIT podrían tener el domicilio fiscal bien constituido para que no me retengan más los paquetes".

También afirmó que los datos fueron seleccionados sin conocer a las personas y que no hubo motivación política. "Fue simplemente para facilitar el ingreso de los paquetes, no fue con ninguna intención más que esa", agregó. En otro tramo de su descargo, expresó: "Me hago cargo de la imprudencia, aunque haya sido desde el desconocimiento. Estoy 100% a disposición desde el primer momento para enmendar los daños".

La defensa analiza solicitar una suspensión del juicio a prueba. En paralelo, otras jurisdicciones podrían iniciar investigaciones similares. La Justicia aún no definió si se abrirán causas separadas en Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Juan.

Los gobernadores involucrados no fueron considerados víctimas patrimoniales y declararon en calidad de testigos. La utilización de sus datos no derivó en perjuicios económicos directos, según fuentes judiciales.

La comercialización de los productos se realizaba sin tienda física, desde su domicilio. El contenido en redes sociales se utilizaba como canal para ofrecer la mercadería adquirida en el exterior.