La iniciativa obtuvo despacho favorable en Diputados y propone modificar el Código Procesal de Familia y Violencia Familiar. Entre varios puntos, contempla enviar a la Justicia penal los casos en los que se acredite que una denuncia fue falsa.
Proponen investigar falsas denuncias en Mendoza si involucran a menores
La Cámara de Diputados de Mendoza avanzó con un proyecto que propone modificar la Ley Provincial 9.120, que regula el Código Procesal de Familia y Violencia Familiar, con cambios específicos en las medidas de protección que involucran a niños, niñas y adolescentes. La iniciativa obtuvo despacho favorable por mayoría en la Comisión de Derechos y Garantías y ahora deberá continuar su tratamiento legislativo.
Uno de los aspectos más relevantes de la propuesta es el tratamiento de las denuncias que posteriormente sean acreditadas como falsas. El proyecto establece que, si durante las actuaciones judiciales se comprueba la falsedad total o parcial de los hechos denunciados, el juez podrá remitir el expediente al Ministerio Público Fiscal para que se investigue la eventual comisión del delito previsto en el artículo 245 del Código Penal.
La iniciativa aclara, sin embargo, que esta posibilidad no alcanzaría a quienes hayan realizado una denuncia de buena fe. Es decir, que el hecho de que una denuncia no pueda ser acreditada no implicaría por sí mismo que se considere falsa ni que automáticamente se derive a la Justicia penal.
El proyecto, presentado por la diputada Cecilia Soler Gómez (La Libertad Avanza), incorpora pautas específicas para el dictado, duración y revisión de las prohibiciones de acercamiento y exclusiones del hogar cuando estas medidas alcancen a niños, niñas y adolescentes.
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Uno de los principales cambios consiste en establecer un plazo máximo de 90 días corridos para estas medidas. Actualmente, según los fundamentos de la iniciativa, se busca modificar el esquema para evitar que las restricciones puedan mantenerse por tiempo indeterminado.
La propuesta permite que las medidas sean prorrogadas, pero exige que exista una resolución judicial fundada, acompañada por informes técnicos actualizados y circunstancias objetivas que justifiquen su continuidad.
De esta manera, la extensión de una prohibición de acercamiento o exclusión del hogar no quedaría planteada como una renovación automática, sino que debería existir una nueva evaluación de las circunstancias que dieron origen a la medida.
Otro de los puntos incorporados está relacionado con la fundamentación de las decisiones judiciales.
El proyecto establece que las resoluciones deberán explicar específicamente la existencia de verosimilitud del derecho y peligro en la demora respecto de cada niño, niña o adolescente alcanzado por la medida.
La verosimilitud del derecho refiere a la existencia de elementos que permitan considerar razonablemente que el derecho invocado podría existir, mientras que el peligro en la demora se relaciona con el riesgo de que esperar el desarrollo del proceso pueda provocar un perjuicio.
El proyecto también incorpora una herramienta para la persona alcanzada por la prohibición de acercamiento o exclusión del hogar.
Una vez notificada, tendrá 10 días hábiles para solicitar el levantamiento, modificación o cese de la medida, o bien formular oposición.
En los casos en que corresponda, tendrá intervención el Ministerio Pupilar, que participa en los procesos judiciales para resguardar los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes.
Otro de los cambios propuestos está relacionado con la eventual existencia de delitos contra niños, niñas y adolescentes.
El proyecto incorpora mecanismos de compulsa penal de oficio. Esto significa que, si durante las actuaciones judiciales surgen elementos que permitan advertir la posible comisión de un delito contra un menor, el juez deberá ordenar la formación de la compulsa y remitirla al Ministerio Público Fiscal.
De esta manera, una situación que comenzó dentro del ámbito de la Justicia de Familia podría generar también una investigación en el ámbito penal cuando existan elementos que indiquen la posible comisión de un delito.
La iniciativa fue analizada por la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados, presidida por Julio Villafañe (PJ), que recibió a representantes del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza.
Durante el encuentro se discutieron particularmente los mecanismos de control judicial y revisión de las medidas de protección, además de los cambios incorporados al articulado a partir de los aportes realizados por especialistas y organizaciones que participaron del debate.
