Lo requisaron y tenía los teléfonos. Los dispositivos, de distintas marcas, fueron inmediatamente secuestrados y puestos bajo custodia.
Sanción a un penitenciario que tenía 4 celulares en un traslado judicial
La Inspección General de Seguridad (IGS) de Mendoza inició un sumario administrativo contra un agente del Servicio Penitenciario provincial luego de un procedimiento realizado en la ES.TRA.D.A., donde fueron encontrados cuatro teléfonos celulares entre sus pertenencias.
El episodio ocurrió el 24 de febrero de este año, cuando personal de Seguridad Interna del complejo penitenciario recibió información sobre un supuesto ingreso de elementos prohibidos al establecimiento. De acuerdo al informe interno, el agente J. D. G. P. regresaba de realizar traslados judiciales de personas privadas de libertad cuando fue interceptado y requisado en uno de los accesos al penal.
Durante el procedimiento, siempre según el expediente administrativo, el efectivo habría extraído de manera espontánea cuatro teléfonos celulares que llevaba ocultos entre sus prendas. Los dispositivos, de distintas marcas, fueron inmediatamente secuestrados y puestos bajo custodia. Las autoridades penitenciarias consideran que este tipo de elementos representa un riesgo para la seguridad interna de los establecimientos carcelarios, ya que podrían facilitar comunicaciones ilegales, alterar el orden interno o incluso favorecer intentos de fuga.
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Tras conocerse el hecho, la Dirección General del Servicio Penitenciario dispuso el pase a disponibilidad del agente involucrado mientras avanzan las actuaciones administrativas. Paralelamente, la Inspección General de Seguridad abrió una investigación formal para determinar posibles incumplimientos a la Ley 7493 y al reglamento disciplinario del personal penitenciario. El organismo entiende, de manera preliminar, que existen pruebas suficientes para sospechar que el efectivo habría violado normas vinculadas al deber de conducta y seguridad dentro de las cárceles provinciales.
La resolución también establece que el agente tiene derecho a defenderse, abstenerse de declarar y contar con asistencia legal durante el proceso. Además, podrá presentar pruebas y solicitar distintas alternativas procesales previstas en la normativa vigente. Mientras tanto, el sumario continuará bajo la instrucción de la abogada Mariana Almirall, designada por la IGS para conducir la investigación administrativa y elevar posteriormente las conclusiones del caso.
