Según la denuncia, cuando la chica tenía 15 años comenzaron las agresiones sexuales en su casa de Guaymallén. La madre de la presunta víctima fue quien inició la presentación contra su expareja.
Un penitenciario fue encarcelado por la denuncia de abuso de su hijastra
Un oficial principal de 46 años que se desempeñaba en el Servicio Penitenciario fue arrestado tras recibir una imputación formal por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia. Según la denuncia, las agresiones sexuales contra la hija de su expareja ocurrieron entre los años 2021 y 2023, comenzando cuando la víctima tenía 15 años, y vivían en Guaymallén.
La investigación que conduce el fiscal Darío Nora se inició a partir de la denuncia de la madre de la víctima. La apertura de las actuaciones penales derivó de la presentación radicada en sede judicial por la víctima y por su madre, quien fuera la pareja sentimental del encartado. A partir de las declaraciones suministradas y de los elementos de convicción acumulados en la etapa preliminar, el representante del Ministerio Público Fiscal encuadró legalmente el hecho bajo una calificación que contempla el agravamiento de la escala penal debido a la cohabitación preexistente en el domicilio, requiriendo en consecuencia la adopción de medidas restrictivas de la libertad. Tras sustanciarse la audiencia de control, se resolvió el encierro del sospechoso en la Penitenciaría, lugar donde trabajaba.
La ejecución de la medida cautelar determinó que el agente del orden público quedara alojado en calidad de interno dentro de la misma infraestructura carcelaria donde cumplía sus funciones laborales habituales como guardiacárcel, carrera en la que registraba una antigüedad cercana a las dos décadas. Los voceros de la Justicia ratificaron que los criterios de procedimiento vigentes exigieron el traslado directo del uniformado hacia el complejo penitenciario provincial mientras se gestiona el trámite del proceso principal.
El surgimiento de la denuncia reactivó el análisis institucional en torno a los mecanismos de auditoría interna y supervisión dentro de los cuadros de la fuerza penitenciaria, junto con la aplicación de guías específicas de actuación frente a sucesos que involucren a personas menores de edad. En consonancia con la recolección de evidencia para el fuero penal, las indagaciones pretenden clarificar las facilidades de acceso que poseía el imputado en el entorno doméstico, evaluando además el rol de los organismos del Estado respecto al sostenimiento de la convivencia familiar durante la ventana de tiempo indagada.
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El proceso investigativo continuará su tramitación en el ámbito de la fiscalía comandada por Nora, dependencia que proseguirá con la incorporación de declaraciones testimoniales, pericias técnicas y elementos probatorios adicionales para concluir el periodo de instrucción y determinar el grado de responsabilidad del agente penitenciario.
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