Un juez recorrió personalmente los pabellones de Almafuerte I y entrevistó presos sin la presencia del personal penitenciario. Rechazó el habeas corpus colectivo, pero ordenó mejoras concretas.
Rechazaron un habeas corpus presentado por presos de Almafuerte
El Juzgado Penal Colegiado 2 de Mendoza rechazó el habeas corpus colectivo presentado por la abogada María Elena Quintero a favor de los 1.969 internos del Complejo Penitenciario Almafuerte I.
El juez Diego Flamant consideró que los planteos eran demasiado genéricos: denunciaban hacinamiento, calefacción inoperativa, falta de atención médica, requisas violentas e incomunicación por el retiro de celulares, pero sin precisar con suficiente detalle quiénes estaban afectados ni cómo.
El propio magistrado recorrió los seis módulos del complejo el 27 de mayo de 2026, entrevistó a internos sin presencia del personal penitenciario y dejó constancia de lo que encontró. A partir de eso, el fallo incluye órdenes y recomendaciones concretas que reconocen algunas falencias.
Qué encontró el juez
Según el fallo judicial, en el ala 1 del módulo 3 hay entre 140 y 150 personas que conviven con calefacción inoperativa, poca presión en las duchas y pérdidas de agua. Seis internos de ese sector no tenían colchón y sus nombres quedaron registrados en el expediente.
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En el módulo 4, otro interno declaró que lleva cuatro años esperando una cirugía por una trombosis, que está anticoagulado y que no recibe la medicación correspondiente.
El reclamo más extendido fue el del retiro de los teléfonos celulares sin alternativas suficientes. "Sin los teléfonos no nos han dado una solución para comunicarnos. Antes teníamos los teléfonos públicos pero ahora ni eso", según cita directamente el fallo a uno de los reclamentes.
En el módulo 6, donde están alojadas las personas autopercibidas mujeres, una de las internas describió aislamiento casi total: muy poca agua caliente, sin recreación deportiva, sin laborterapia ni actividades. Además, sostuvo que ella y sus compañeras calientan el agua en ollas para higienizarse.
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El fallo ordenó al director del complejo redistribuir internos para reducir el impacto de la sobrepoblación y proveer con urgencia los colchones y frazadas faltantes, exigiendo constancias documentadas. También recomendó ampliar la cantidad de camastros en un plazo de seis meses, garantizar recreación para toda la población y asegurar al colectivo trans acceso igualitario a salud y actividades.
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