El jueves pasado declaró Pablo Falco, imputado en la causa por estafas superiores a 500.000 dólares en un estudio jurídico de Mendoza. Dijo que el abogado Iván Yoma fue quien diagramó la maniobra junto a otros presuntos cómplices.
Estafas por U$S 500 mil: los imputados se acusan entre sí
Casi dos meses después de la imputación del abogado mendocino Iván Yoma y dos socios por el delito de estafas por más de 500.000 dólares, uno de los acusados -Pablo Falco- declaró ante la Fiscalía de Delitos Económicos y apuntó directamente contra Yoma, a quien señaló por presuntamente haber montado la maniobra para perjudicar a los inversores damnificados.
La declaración de Falco -quien dijo ser empleado de Yoma y no socio- se extendió durante unas 10 horas y forma parte del expediente que investiga el fiscal Hernán Ríos. En ese testimonio, tomado el jueves pasado, el imputado aseguró que Yoma "pretende salir impune con una fábula y una serie de mentiras" y afirmó que, con el paso del tiempo, empezó a advertir comportamientos que lo llevaron a concluir que "es toda una maniobra preparada por él para armar esta estafa".
Según relató, la crisis de Asesoría Legal, cuya sede se encontraba en calle 25 de Mayo al 1200 de Ciudad (foto superior), comenzó a fines de 2023. Falco sostuvo que Yoma les explicó entonces que atravesaba problemas financieros por "malos negocios" relacionados con la compra y venta de vehículos de lujo y por cuestiones derivadas de su divorcio.
En ese contexto, Falco dijo que se planteó un plan para vender bienes y afrontar los compromisos asumidos con los inversores. Sin embargo, aseguró que con el tiempo comenzó a notar contradicciones y promesas incumplidas. "Empiezo a ver que Yoma empieza a mentir a todo el mundo", declaró.
Falco también describió cómo funcionaba, según su versión, la estructura financiera investigada. Declaró que las operaciones de inversión y otorgamiento de créditos se realizaban dentro de las oficinas de Asesoría Legal y que los contratos de mutuo eran firmados mediante sociedades relacionadas con Yoma. Además, afirmó que el dinero era recibido y guardado en efectivo dentro de una caja fuerte ubicada en la oficina del abogado (en una allanamiento se secuestraron 50.000 dólares en efectivo).
Otro de los puntos sensibles de la declaración de Falco fue el referido al destino del dinero de los inversores, que podría haber sido utilizado para otros negocios paralelos vinculados a Yoma, como compra y venta de vehículos de lujo y casas de cambio. "Yoma tenía otros negocios, como la compraventa de vehículos de lujo. Y junto con su ex mujer había abierto casa de cambio o cuevas", declaró.
Falco también apuntó contra el otro imputado en la causa, Rodrigo López Casado. Mencionó que tenía un rol operativo dentro de la estructura: recibía dinero, firmaba contratos y manejaba la caja diaria, según su versión. Y nombró a otras dos personas investigadas: la expareja de Yoma, Mireya Salas, y Germán Calcagno. "Yo creo que la estafa a los inversores fue ideada por Iván Yoma y que junto con Germán Calcagno, y me animo a pensar que con Mireya Salas, pensaron en esta situación de no pagar y terminar estafando a toda la gente", declaró.
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En su declaración, Pablo Falco enumeró las sociedades que operaban desde el mismo domicilio de Asesoría Legal: Facilgestiono, BBC Criptomonedas, Constructec SRL y Cayetano Crédito, la pata financiera del grupo. Para la causa, ese punto podría resultar clave, ya que la fiscalía investiga si esas firmas eran utilizadas para canalizar inversiones, firmar contratos de mutuo y mover fondos entre distintas razones sociales, algo que podría ayudar a reconstruir el circuito del dinero denunciado por los inversores.
Yoma había apuntado contra Falco
La declaración de Falco parece responder directamente a la estrategia defensiva que había planteado previamente Iván Yoma. El abogado había sostenido que los propios inversores habrían reconocido que el dinero lo entregaron a Pablo Falco y que esos fondos nunca habrían ingresado a la empresa. Esto habría motivado el incumplimiento de la empresa con los inversores.
La palabra "incumplimiento" no es menor. La estrategia de la defensa es negar la existencia de una estafa y admitir que hubo un incumplimiento para que se desactive la causa penal y sólo avance un reclamo civil, difícil de cobrar si efectivamente las firmas usadas por Yoma son "sociedades fantasma". Del otro lado, por el momento la Fiscalía considera que de los mutuos se desprende que hay una estafa porque se ofrecían condiciones de imposible cumplimiento con el sólo objetivo de captar potenciales víctimas.
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Por otra parte, Yoma dijo que, además de las personas que habrían entregado el dinero a Falco sin que éste lo introduzca en la empresa, hubo inversores que sí operaron con la firma y ya recibieron devoluciones parciales o firmaron acuerdos de refinanciación documentados; y también casos donde hay diferencias en los montos reclamados que aún deben esclarecerse, de acuerdo con la versión de Yoma.
También dijo que durante el último año se alcanzaron acuerdos de pago con otros inversores, lo que, según afirmó Yoma, demostraría la voluntad de cumplir con las obligaciones.
La causa investiga un esquema de inversiones que prometía retornos mensuales del 2,5% en dólares. Según las denuncias, durante un tiempo los pagos se cumplían con normalidad, pero cuando los montos crecían y los clientes intentaban retirar el capital, los pagos se interrumpían. Los expedientes ya acumulan denuncias por pérdidas superiores a los 500.000 dólares.
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