Aunque el petróleo es clave para la economía mendocina, los dueños de las tierras exigen respeto por sus derechos y compensaciones justas.
Los superficiarios: una deuda en la explotación petrolera de Mendoza
La reciente decisión de YPF S.A., con la autorización del Gobierno de Mendoza, de ceder a terceros varias áreas de explotación petrolera, reaviva una discusión largamente postergada: ¿qué pasa con los derechos de los superficiarios, es decir, los dueños de las tierras donde se desarrollan estas actividades?
En Mendoza, el petróleo es parte esencial de la economía. Pero ese desarrollo no puede construirse a costa de la invisibilidad o vulneración de quienes viven, trabajan o poseen esas tierras. La ley les reconoce derechos claros, aunque históricamente se han visto relegados frente al poder de las concesionarias.
¿Quiénes son los superficiarios?
Son personas -físicas o jurídicas- que tienen derechos sobre la superficie de los terrenos donde operan las empresas petroleras. Aunque el recurso petrolero pertenece al Estado provincial, los superficiarios deben ser compensados por los impactos que estas actividades generan en sus tierras.
El marco legal es claro: tanto la Ley Nacional de Hidrocarburos Nº 17.319 como la Ley Provincial N° 7526 establecen que los concesionarios deben indemnizar a los propietarios por los perjuicios causados. Estas normas prevén compensaciones obligatorias, incluso sin necesidad de que el propietario pruebe el daño, si acepta los valores fijados por el Poder Ejecutivo.
Por ejemplo, el artículo 100 de la ley nacional obliga a las petroleras a pagar por los daños ocasionados. Y el artículo 24 de la ley provincial exige una indemnización integral, más allá de si el propietario acepta o no el ingreso de la empresa a su tierra. En caso de desacuerdo sobre el monto, se puede recurrir a la justicia, pero mientras tanto, la empresa debe pagar el valor oficial fijado por el Estado.
¿Y qué pasa en la práctica?
Las empresas, especialmente YPF -que históricamente ha controlado gran parte de las concesiones-, han mantenido una posición dominante frente a los superficiarios. Estos últimos, muchas veces, no tienen otra opción que aceptar montos desactualizados, negociar en condiciones desiguales o enfrentar largos y costosos procesos judiciales.
Ver más: Mendoza autorizó la cesión de las últimas áreas maduras de YPF
La reciente cesión de 14 áreas petroleras por parte de YPF a nuevos operadores podría profundizar esta situación si no se exige el cumplimiento estricto del marco legal. Hay un riesgo real de que la desprotección se profundice y sin entrar a conversar las cuestiones ambientales pendientes.
¿Qué se necesita?
Que el Estado, como autoridad de aplicación, haga cumplir la ley. Que se actualicen los valores indemnizatorios. Que se fiscalicen efectivamente las actividades de las empresas. Que los superficiarios tengan una voz real y efectiva en el proceso.
Porque, al final, esto no se trata solo de legalidad. Se trata de justicia. Se trata de equidad. Se trata de que quienes habitan esas tierras no paguen el costo de un desarrollo que, en teoría, debería beneficiarlos también.
Es hora de corregir esta histórica desigualdad. Es hora de escuchar la voz de los superficiarios. Y de construir un modelo de convivencia que reconozca derechos, promueva el diálogo y garantice beneficios compartidos.
Que así sea.
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