El EPAS, que controla el agua y el saneamiento de la provincia, debía ser reformulado pero en cuatro años nunca sufrió una modificación. El Estado se sigue controlando a sí misma.
¿Y quién controla el agua en Mendoza? El futuro incierto de los entes
En su último discurso ante la asamblea legislativa, se esperaba que el gobernador Francisco Pérez anunciara una nueva Ley de Aguas, pero no hay indicios de que algo semejante surja de acá a diciembre.
Es que la legislación hídrica con la que la provincia maneja sus recursos a través del Ente Provincial de Aguas y Saneamiento (EPAS), como así también del Departamento General de Irrigación, tiene más de 130 años, y no solo se las acusa de burocráticas, sino que cuestionan que, por ejemplo, el EPAS sea un entre de control estatal que controla al propio Estado.
La ley de Aguas justamente debía reflotar sobre el futuro del EPAS y de Irrigación. Ambas, también, acusadas de burocráticas.
El presidente del EPAS, Javier Montoro, le admitió al sitio EdiciónCuyo, que el organismo debería reformularse. Para eso presentó un proyecto que está en la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados desde setiembre de 2011. El expediente que impulsa los cambios es el 69983/11 pero nunca fue tratado.
Javier Montoro, titular del EPAS.
Otra de las alternativas que está bajo la lupa es la posibilidad de integrar el ente regulador de las eléctricas con el del agua para fusionarlos en uno solo.
Esos rumores de su pretendida fusión con el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) provienen de la Unión Cívica Radical y se asemejan al intento fallido de la intervención dispuesta por Roberto Iglesias en 2002, cuando era gobernador, y comandada por Ricardo Milutín. El interventor también habló de una especie de fusión para recortar gastos y no duplicar esfuerzos, pero nunca prosperó.
