El increíble expediente que el BCRA inició contra Zuccardi y que lleva 10 años - Mendoza Post
Por: Mendoza PostMiércoles 29 Abr 2015

La trama la cuenta hoy Javier Blanco en diario La Nación e involucra a la célebre familia Zuccardi. De trata de una pequeña controversia comercial entre un exportador y un importador, que a comienzos de 2004 provocó un atraso de 45 días en el ingreso al país de 580 dólares (el 0,3% del valor total original de la operación, de 203.000 dólares, declarado como pago del embarque).

Ello derivó en una historia increíble: un proceso administrativo y judicial que se extendió por una década, demandó cerca de 1000 fojas de actuaciones de distintas reparticiones públicas y le produjo un sobrecosto imposible de cuantificar a una de las bodegas argentinas más activas en ventas al exterior.

Según revela La Nación, el caso Zuccardi empezó en febrero de 2004, cuando el BCRA dispuso la apertura de un sumario (el N° 4217) tras reportar el ya desaparecido Banco Regional de Cuyo un faltante y una demora en parte de la liquidación de las divisas de una exportación total por 203.124 dólares en la que había incurrido La Agrícola. El reclamo era por 580 dólares. 

Así continúa el matutino:

Eran momentos de particular celo del BCRA, para asegurar el ingreso de las divisas comerciales al país en procura de acumular reservas, una tenencia que había quedado diezmada a fines de 2001. Tiempos en que la economía empezaba a dejar atrás lo que Néstor Kirchner, entonces presidente, había descripto como "el purgatorio", con la obvia intención de tratar de instalarse en la memoria popular como quien guiaría a su pueblo hacia el paraíso, siguiendo la trilogía propuesta por el Dante.

En esos años eran recurrentes las adaptaciones al marco normativo surgido de apuro en 2002, que buscaba asegurar la liquidación en el denominado hasta hoy como "mercado único y libre de cambios" de las divisas provenientes del cobro de exportaciones de bienes y servicios.

Basta abrevar en los registros oficiales para descubrir, por ejemplo, que sólo durante 2004 el BCRA produjo 53 nuevas enmiendas a las regulaciones, plasmadas en distintas circulares: la mitad de ellas estuvieron dedicadas a modificar plazos para el cobro de exportaciones, la cesión de anticipos o prefinanciaciones o el pago de importaciones.

José Zuccardi recuerda aquellos días en especial por los inconvenientes que esas constantes adaptaciones les causaban a las exportadoras, en un contexto favorable para las ventas al exterior. "Por momentos las readecuaciones normativas fueron tantas que eran imposibles de seguir. Volvió a pasar más recientemente con el cepo. Y así uno comprueba que pasan los años, pero se persiste en el error de pasar por alto muchas veces toda la ingeniería que una empresa a veces debe desplegar sólo para tratar de asegurar un despacho y mantener su presencia en un mercado", dijo a LA NACION.

"Todo nació en la dilación por 45 días de un pago por una venta, y el error lo cometió uno de nuestros compradores en Inglaterra, aunque sin animosidad -agregó-. Es un cliente al que le vendemos contenedores completos por 33.000 dólares, y la diferencia surgió porque entendió que manteníamos una promoción, que habíamos aplicado en ventas anteriores, pero ya no correspondía. La cuestión fue que si bien el dinero faltante finalmente ingresó, ese error nos metió en un laberinto del que nos costó demasiado tiempo y recursos salir."

La mecánica con la que se aplica la ley penal cambiaria obliga al BCRA a llevar adelante un sumario ante cualquier infracción. El problema es que, una vez puesto en marcha ese expediente, el sistema no puede distinguir entre lo que realmente vale la pena investigar y lo que es una cuestión menor. En los últimos años, esa suerte de patología fue potenciada por el surgimiento de una especie de "burocracia militante".

Así se llega a la cifra de 80.000 expedientes en trámite, un número que impresiona y parece denunciar por sí solo un descontrol. El grueso de ellos nace de los reportes que la ley obliga a los bancos a hacer ante cualquier incumplimiento cambiario, sin discriminar ni por monto ni por gravedad. Por caso, si un exportador que contaba con 90 días para ingresar al país las divisas lo hizo al día 91, las entidades deben reportarlo. De lo contrario, son pasibles de sanciones.

Pero en ese universo hay muchas causas que involucran a los denominados "coleros" (prestanombres para adquirir divisas que se hicieron famosos hace unos años) y a maniobras de importadores, muy comunes tras el cepo para aprovechar el dólar barato.

Si un exportador que contaba con 90 días para ingresar al país las divisas lo hizo al día 91, las entidades deben reportarlo. De lo contrario, son pasibles de sanciones.

El problema es que el plazo de prescripción que fija la ley penal cambiaria para este tipo de expedientes -seis años- suele ser prorrogado mediante algún movimiento o dejando constancia de una nueva actuación, para evitar que prescriba. El derrotero del caso Zuccardi lo refleja muy bien.

En su meticuloso repaso de los antecedentes, el fallo de Aguinsky da cuenta de que la infracción detectada en febrero de 2004 sólo quedaría reflejada en un expediente (el 101.566, labrado por la Gerencia Principal de Exterior y Cambios del BCRA) en 2007. Y que hubo que esperar hasta abril de 2009 para que se designaran dos contadoras para realizar la primera verificación en la empresa exportadora sumariada, que confirmaron el atraso mediante la documentación a la que tuvieron acceso.

Casi un año después, en enero de 2010, el Departamento de Sustanciación de Sumarios Cambiarios abrió las actuaciones por "ingreso parcial y fuera de término" de un embarque "por un monto de 580 dólares". Validó así una resolución (la N° 18/2010) firmada por el superintendente de entonces, el santacruceño Waldo Farías.

Jorge Levy, que tuvo a su cargo la Superintendencia del BCRA entre 2002 y 2005, afirma que todo está causado por "una zona gris o vacío legal" que resta eficiencia al sistema de control y promueve que el costo de este tipo de complicaciones "recaiga muchas veces sobre las empresas que quieren producir y vender de buena fe".

Sabe de lo que habla. En sus tiempos de superintendente ya se habían acumulado unos 30.000 sumarios y él se daba cuenta de que, por estructura, esa repartición no estaba en condiciones de examinar más de 5000 expedientes por año.

Fue entonces cuando decidió proponer al directorio del BCRA un sistema de evaluación preliminar de cada expediente para desechar los menos relevantes (por monto), en los casos en que no existieran ganancias por la diferencia que, en el tiempo de la demora, hubiera tenido el tipo de cambio.

"Eran dos criterios básicos: mandar a archivo las infracciones que no excedieran los 20.000 dólares y en las que no se pudiera verificar intención especulativa. Eso permitiría poder concentrarse en analizar los casos de mayor relevancia. Pero el área jurídica del propio banco desestimó la propuesta y, sin ese aval, muchos directores no quisieron aprobarlo. Decían que había impedimentos legales para fijar topes o que debía validarlos la Justicia o estar indicados por la ley", recuerda.

Esa semilla germinó tiempo después en una consulta que la Gerencia de Asuntos Contenciosos del BCRA le hizo a la Procuración del Tesoro de la Nación para saber si tenía facultad para mandar a un archivo todos los sumarios abiertos por ingreso tardío entre 2002 y 2003, siempre que se hubiera verificado que la liquidación finalmente se había hecho (eran tiempos del tipo de cambio en baja, por lo que no había ganancia alguna en la demora, sino todo lo contrario).

Según cita el propio fallo de Aguinsky, el dictamen 160/07 de junio de 2007 del fiscal Osvaldo Guglielmino indicó que podría hacerlo en "ejercicio de las facultades administrativas, de fiscalización y sancionatorias que le son inherentes", aunque no sobre la base de un criterio de selección predeterminado, sino tras analizar cada caso en concreto.

Lo curioso es que, pese a ese aval, el archivo nunca se constituyó, lo cual propició que los expedientes siguieran acumulándose y que, por ejemplo, Zuccardi debiera convivir con el temor a una posible inhabilitación para operar cambios por siete años más. "Eso nos obligó a contratar más y más abogados especializados en temas cambiarios", recuerda Zuccardi.