Papel Prensa, una historia con tinta y sangre

Si pasaron más de 5 años desde la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y el Grupo Clarín sigue sin cumplirla, mucho más antiguas son las irregularidades en Papel Prensa, la única empresa del país que produce este insumo esencial para los medios escritos.

La Sala I de la Cámara Federal porteña decidió la semana pasada que la resolución que denegó la indagatoria a los directivos de Clarín Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto, y de La Nación, Bartolomé Mitre, es apelable y abrió las puertas a una posible citación ante la Justicia.

“Es un avance muy importante porque demuestra que el pedido del fiscal tiene asidero, solvencia y razonabilidad”, sostuvieron fuentes de la fiscalía federal Nº 5 de Leonel Gómez Barbella.

Papel Prensa contraataca enjuiciando a los directores designados por el Estado Nacional, Pablo Cerioli y Beatriz Paglieri y los acusan de “desaparecer” de las reuniones, una palabra que es toda una amenaza. Para comprender el tenor de este término asociado a la empresa, vale un repaso de esta historia de Papel Prensa, manchada, no de tinta sino de sangre.

Luego de la muerte de David Graiver (accionista mayoritario) el 7 de agosto de 1976 en un cuestionado accidente aéreo en México; Clarín, La Nación, la revista Gente y otras publicaciones “obedientes” de la dictadura comenzaron a asociar a la familia Graiver con los Montoneros.

La viuda de Graiver, Lidia Papaleo, fue contactada por allegados a la dictadura, quienes le instaron a vender las acciones. Pedro Martínez Segovia, entonces presidente de Papel Prensa SA y cercano al ministro de economía José Martínez de Hoz, invitó a la viuda a tomar el té en el Plaza Hotel y le advirtió: “No puede vender Papel Prensa ni a judíos ni a extranjeros”.

Enseguida, el entonces Secretario de Estado Raymundo Juan Pío Podestá le comunicó al abogado de la familia, Miguel de Anchorena, que debía venderle el control accionario a los diarios Clarín, La Nación y La Razón.

Los accionistas rechazaron las ofertas por considerarlas “inadecuadas” pero a menos de tres meses de la muerte de Graiver, el 2 de noviembre de 1976, el intermediario Guillermo Gainza Paz convocó al abogado de la familia a una reunión urgente entre los directivos de los tres diarios. Así, Lidia Papaleo y su hermano vendieron sus acciones a la sociedad denominada FAPEL, constituida por los Clarín, La Nación y La Razón, y los particulares Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Patricio Peralta Ramos, Marcos Peralta Ramos, Hugo Fernando Peralta Ramos y Bernardo Sofovich (apoderado de Clarín), por un total de 7.345.400 dólares.

Pero en aquel acto los hermanos Papaleo apenas cobraron U$S 7.200 (el 0,09% del precio establecido), en carácter de principio de ejecución del contrato y tras aceptar que la decisión era “firme e irreversible”. Al concluir la firma de los boletos de compra-venta, Sofovich apartó a Lidia Papaleo y le advirtió que debía huir del país esa misma noche por su propia seguridad.

¿Más movimientos tenebrosos? Ocho días después la empresa FAPEL SA transfirió de las acciones a los diarios Clarín, La Nación, y La Razón en partes iguales. El 11 de noviembre, Clarín anunciaba que “los diarios argentinos producirán su propio papel” gracias a la “gravitación del gobierno de las Fuerzas Armadas”. Por la tarde, una conferencia de prensa dada en la sede de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) informaba que “múltiples circunstancias decidieron la ventaja de esa operación, con beneficio para los intereses de la República”.

En diciembre la Junta Militar estableció un plazo de 90 días para que los acreedores reclamasen, y exactamente tres meses después comenzaron las detenciones ilegales y desapariciones de los miembros del Grupo Graiver.

Lidia Papaleo, Juan Graiver, Jorge Rubinstein, Isidoro Graiver, Martín Aberg Cobo, Jacobo Timerman, Rafael Ianover y Osvaldo Papaleo, entre una veintena de socios fueron llevados al centro clandestino de detención conocido como El pozo de Banfield, a disposición de los temibles represores Carlos Suárez Mason y Ramón Camps. Algunos siguen desaparecidos, otros fueron puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, y otros murieron por las torturas.

En su libro “El poder en las sombras”, el General Camps detalla cómo la dictadura persiguió, secuestró, encarceló, torturó y obligó a la familia Graiver a vender todas sus empresas y la entrega de Papel Prensa a Clarín y La Nación.

“Magnetto coloquialmente me aseguró: 'Firme o le costará la vida de su hija y la suya'. No había chances”, recordó en una entrevista Lidia Papaleo, quien fue terminante: “Todo el horror que fue mi vida después de mi secuestro es indescriptible en la serie de perversiones, vejaciones y tormentos a la que fui sometida, pero prefiero ver los ojos y la cara de mis torturadores, antes que ver los ojos de Magnetto en el momento en que me amenazaba para que firmara”.

“Es curioso ver cómo los genocidas dejaron rastros de esto, ya que muchas de las pruebas que están incorporadas en el caso Papel Prensa están escritas cuando ellos creían que tenían la impunidad asegurada”, reflexiona hoy Luis Alen, subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la Nación.

En septiembre de 1978 un grupo de empresarios, entre los que se encontraban Herrera de Noble y Mitre, junto a los altos mandos de la dictadura militar, inauguraron la planta de Papel Prensa, en San Pedro, provincia de Buenos Aires.

TIEMPOS MODERNOS

En marzo de 2010, la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Guillermo Moreno, presentó el informe “Papel Prensa: la verdad”. En sus 218 páginas da cuenta de “cómo las autoridades de facto adoptaron la determinación de obligar a los herederos de David Graiver de disolver el grupo económico que este encabezaba, transfiriendo las empresas que lo conformaban”.

Meses después, la presidenta Cristina Fernandez firmó el Decreto 1210/2010, que reclama a la Secretaría de Derechos Humanos poner a disposición del Poder Judicial el informe “Papel Prensa: la verdad” y que intervenga como parte querellante en las causas que resulten y en las que se investigue la comisión de delitos de lesa humanidad.

En 2011 la Unidad Fiscal Federal de La Plata, que interviene en casos de terrorismo de Estado, calificó como “crimen de lesa humanidad a los hechos que rodearon la transferencia de acciones de la empresa Papel Prensa entre 1976 y 1977”, por lo tanto la causa es imprescriptible.

En la actualidad, la empresa es operada por un directorio elegido por la asamblea de accionistas. El Grupo Clarín posee el 49 % de las acciones y el resto se reparte entre el diario La Nación (22,49%) y el Estado Nacional (27,46% directo y 0,62% de propiedad de la agencia Telam).

Por el lado estatal, los directores Cerioli y Paglieri cuestionan los balances de Papel Prensa, a todas luces dibujados y prácticamente deficitarios. En el último registro se consigna una ganancia anual de apenas 165 mil pesos. La representación privada contraataca enjuiciándolos por “desaparecer” de las asambleas y los acusa de no facilitar el funcionamiento que ellos quieren darle a la empresa.

Para Cerioli, “este juicio es resultado de las mayorías automáticas que aplican en las asambleas. Nosotros, como directores del Estado Nacional cumplimos con las funciones que nos encomendaron. Todas las funciones de los directores deben ser aprobadas por las asambleas; como obviamente la mayoría la tienen los accionistas del capital privado, decidieron no aprobarnos la gestión a los directores por el Estado Nacional. Y después nos hacen un juicio de responsabilidad civil por incumplimiento de las funciones”.

-¿Es una metodología de desgaste?

-Sin lugar a dudas. El 4 de noviembre de 2009 fuimos a las únicas dos reuniones que tuvimos del directorio de Papel Prensa ese año, ambas el mismo día: la primera estaba convocada para reorganizar el directorio y la segunda para la aprobación del balance final. En la primera reunión nosotros asumimos como directores; en la segunda se trató el balance trimestral. Como habíamos asumido ese día, para no entorpecer decidimos abstenernos en la votación, para que los puedan aprobar. A los tres o cuatro días nos mandaron las actas, donde decía exactamente lo contrario: que en la primera reunión se aprobó el balance y en la segunda se cambiaron las autoridades. Dijimos que no era lo que ocurrió en la realidad e hicimos las denuncias en la Comisión Nacional de Valores y en todos los organismos correspondientes, porque se estaba falseando la verdad, y como funcionarios no podemos permitirlo. Eso motivó que en 209 la asamblea de Papel Prensa no aprobara nuestra gestión; por no querer convalidar una mentira, nos están haciendo un juicio de responsabilidad civil.

-¿Desde 2009 están cuestionando a los directores por parte del Estado?

-Desde aquella primera reunión. Desde ahí nos están iniciando juicio.

-¿Cuál fue, históricamente, el rol de los representantes del Estado?

-En general ha sido vergonzoso y tiene que ver con la complicidad. Papel Prensa tiene por estatuto un Comité Ejecutivo que debe conducir los negocios ordinarios de la empresa. Cuando en 2010 la licenciada Paglieri participó en la reunión del Comité Ejecutivo, pidió las actas y verificó que durante 19 años no las hubo, con lo cual no sabemos si hubo reunión. Me dicen que sí pero si hubo reuniones sin actas ¿cómo se garantizan las decisiones? En ese Comité Ejecutivo uno de los integrantes era un miembro del Estado Nacional, con lo cual muchos directores estatales han sido cómplices de esa desidia.

-A ustedes los acusan de “desaparecer”, justo con esa palabra...

-La verdad es que lo sentimos como lo que hicieron expresar, como una amenaza encubierta. El término “desaparecer” es muy duro. Esto tiene que ver con lo que decía el dictador Videla: “estos no están ni vivos ni muertos, están desaparecidos”, y muchos decían que en realidad estaban de vacaciones.

-Los directivos de Papel Prensa tienen un gran poderío.

-Nos están tratando de disciplinar por haber sido los redactores del informe “Papel Prensa: la verdad”. Hay gente que tuvo una íntima ligazón con la dictadura militar. Es una empresa que fue socia de la dictadura y que se apropió en esa época de la fabricación de papel.

-Los balances presentados por Papel Prensa son ridículos.

-Los cuestionamos desde 2009 porque los directorios que los vienen aprobando son todos irregulares. Y por esta irregularidad no estamos asistiendo a las reuniones, con lo cual todos esos balances los estamos retrasando y es irrisorio que este año plantearon una ganancia anual de 165 mil pesos... ¡Eso es lo que ganaba por mes el gerente general de Papel Prensa en 2012!

La causa Papel Prensa acumula 26 cuerpos y cinco de los imputados fallecieron antes de ser llamados a declarar por Julián Ercolini, quien desde 2001 tiene a cargo la investigación: los represores Emilio Massera y Jorge Rafael Videla, el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, el ex director de La Razón Patricio Peralta Ramos y Bernardo Sofovich, ex apoderado de Clarín. La búsqueda de justicia continúa.