Se trata del emprendimiento "El Palmeral", que acumula más de 50 denuncias.
Más de 600 estafados en un emprendimiento habitacional en Lavalle
A raíz de 50 denuncias por supuestas estafas por temas de viviendas en el emprendimiento habitacional conocido como "El Palmeral", ubicado en Villa Tulumaya, departamento Lavalle, a unos 25 kilómetros al norte de Mendoza capital, personal policial de la División de Delitos Económicos efectuó dos allanamientos, y se estima que serían 600 los damnificados.
En las diligencias fueron aprehendidas dos personas, que luego de ser imputadas en la sede de la Fiscalía por estafas, recuperaron su libertad, informaron fuentes judiciales.
Uno de los allanamientos se produjo en la sede de la Asociación El Palmeral, mientras que el otro se realizó en el domicilio de la presidenta de la entidad, Marta Viviana López Beltrán y de su esposo Arturo Manuel Nieto.
El emprendimiento "El Palmeral" acumula más de 50 denuncias.
La medida fue ordenada a raíz de 50 denuncias recibidas en la Fiscalía de Instrucción 7, a cargo de Gabriela Chaves, de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, por las que se puso en conocimiento de la comisión por parte de los denunciados de maniobras de estafas relativas a la venta irregular de terrenos en el mencionado emprendimiento habitacional, estimando que pueden existir alrededor de 600 damnificados.
Asimismo, según informaron los voceros del Ministerio Público Fiscal, en los allanamientos se secuestró una pistola calibre 9mm marca Bersa, con su respectivo cargador con 14 cartuchos y una caja con 17 cartuchos calibre 9mm, propiedad de Arturo Nieto, como así también documentación, celulares, sellos y equipos informáticos.
Chaves ordenó el inmediato traslado con el auxilio de la fuerza pública de Marta López Beltrán y Arturo Manuel Nieto a la Fiscalía de Instrucción 7, donde procedió a la imputación de ambos por el delito de Estafas genéricas en seis causas.
Si bien ambos imputados recuperaron la libertad porque el delito es excarcelable, la Fiscalía les impuso ciertas condiciones, como abstenerse a realizar operaciones con los terrenos, restricción de acercamiento a las víctimas, prohibición para salir del país y de la provincial, y les fijo un plazo de siete días para que se trasladen a otro domicilio fuera de El Palmeral, entre otras.
