Lunes 16 Abr 2018Lunes, 16/04/18 atrás
porJorge Fernández Rojas
Periodista/Analista

No hay noticia en el mundo informativo actual que se posicione en la agenda pública por sí sola. Tanto es así que las primicias son una especie en extinción en el escenario periodístico por la incidencia de los canales y plataformas digitales que nos atraviesan a diario y a cada momento.

Esta es la base de la explicación que se despliega detrás de la denuncia que la organización civil y ambientalista Oikos presentó ante la Suprema Corte de Justicia. La demanda es contra la forma de autorizar a las petroleras a ocupar el método fracking para extraer petróleo no convencional.

La impugnación por inconstitucionalidad y la acción procesal administrativa (APA), ambas planteadas por Oikos ante el Alto Tribunal la semana pasada, apuntan al decreto de Alfredo Cornejo, que reglamenta la evaluación de impacto ambiental para las explotaciones petrolera.

La idea de la red ambientalista es ir por el entramado jurídico que sostiene la aplicación de la tan polémica técnica para sacar petróleo y gas de modo no convencional.

Qué se denuncia

Juan Carlos Nievas abogado de la ONG denunciante expuso la semana que pasó los fundamentos de sus presentaciones.

“Luego de decreto 248 que reglamenta la fractura hidráulica hicimos esta demanda porque creemos que no es constitucional. Y la APA se basa en todos vicios que ha tenido el proceso administrativo para llegar a la reglamentación", advirtió Nievas.

"Por eso impugnamos los vicios de ese procedimiento y las finalidades del decreto”, comentó el jueves 12 en Unidiversidad.

Todo esto surge por una prueba piloto que se realizó en Malargüe en el Puesto Rojas.

El abogado contó que en seis días, sin audiencia pública y sin presencia de los medios se hizo un procedimiento administrativo para realizar las operaciones de la hidrofractura. Y que a partir de esa situación la Federación de Espeleología y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales interpusieron amparos. 

Por esto el Gobierno de Mendoza se comprometió a arreglar esta situación anómala que era ilegal. Justamente una de esas acciones de amparo está en manos de la Suprema Corte de Justicia para resolver.

De acuerdo a lo que desde Oikos denuncian estos son los vicios jurídicos incurridos en el proceso administrativo:

1- No se respetaron los plazos de los pasos jurídicos como el de las publicaciones

2- No se le dio los tiempos a la gente para exponer, sólo dos minutos.

3- No se tomaron en cuenta los 56 fundamentos que la gente dio y que se consideraban necesarios para la modificación del proyecto.

4- Hubo abuso en el uso del agua y la violación a las facultades del Departamento General de Irrigación.

“El agua utilizada por pozo de hidrofractura es 30 millones de litros de agua, 10 pozos de este tipo equivalen a la cantidad de agua que tiene el lago del Parque General San Martín. Es decir esa cantidad quedará fuera del ciclo hidrológico y contaminado”, remarcó el letrado.

El megáfono de Cornejo en Malargüe

Sobre su decreto, el viernes 13 en Malargüe dijo Alfredo Cornejo: “Es una mirada estratégica, debemos reflotar la actividad petrolera y gasífera. Hay potencialidad. Esta es de las decisiones más importantes que hemos tomado en beneficio de Malargüe. No es poca cosa que tengamos un protocolo, que las empresas tengan seguridad jurídica, que puedan presentarse con audiencia pública, la regulación del protocolo es el decreto. La única forma de volver a tener inversiones de envergadura para sostener el empleo privado y los servicios es que volvamos a tener una explotación de gas y petróleo”.

Para afianzar la política de inserción de inversiones petroleras y mineras el mandatario se presentó en el distrito más austral de Mendoza, donde hay licencia social para el desarrollo de estas industrias con riesgo contaminante. 

El expediente 

La verdad es que el desembarco de la demanda por parte de Oikos en la Corte es un hito en una hisoria que recién se inicia y que presume mucho tiempo en su resolución.

Dentro de Tribunales proyectan en base a lo que ven. Es decir observan el contexto y entienden que el fracking no está dentro de las prioridades para colectivo mendocino.

Es una situación que en la apariencia ha quedado bajo de un paraguas como toda actividad petrolera, de los dardos ambientalistas. Por lo menos eso visualizan en Tribunales y eso hace bajar la expectativa. Aunque la Asamblea del Agua haya encabezado la contramarcha del Carrusel vendimial rechazando al fracking.

De todos modos está claro hay otros climas sociales en el sur provincial más allá de cuánto prominero y propetrolero se puede ser en Malargüe.

A través de las redes comenzaron a conocerse algunas denuncias en General Alvear contra el uso del fracking y eso parece ser una de las señales a las que el Gobierno deberá prestar atención, ya que la movilización antiminera se gestó en aquel departamento que hoy administra el radical Walther Marcolini.