Acuerdo entre el Gobierno y la Corte para acelerar causas
El Gobierno y la Corte acordaron avanzar en un proyecto de reformas procesales urgentes para acelerar y acortar las causas penales.
La idea, según resalta este sábado La Nación, desde hace tiempo se viene discutiendo con varios jueces, entre ellos, los federales Julián Ercolini, Marcelo Martínez de Giorgi, Sebastián Casanello y Claudio Bonadio , en contacto directo con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.
En el Ministerio de Justicia también trabajan en estas reformas, que serían leyes "de transición", previas al cambio definitivo hacia el sistema acusatorio.
El martes pasado, el ministro de Justicia, Germán Garavano , visitó en el Palacio de Tribunales a tres miembros de la Corte: Lorenzetti, Elena Highton y Horacio Rosatti, donde hubo espacio para empezar a trabajar en objetivos comunes. Allí acordaron avanzar con estos cambios procesales.
El máximo tribunal le había hecho llegar la lista de propuestas que los jueces discutieron en las jornadas del 6 y 7 de marzo. Entre esos puntos, incluidos en el temario por Lorenzetti, estaba la idea de las reformas procesales penales, a aplicar cuanto antes.
El sistema de enjuiciamiento vigente hoy se modificará drásticamente cuando entre en vigencia el régimen acusatorio, ya aprobado, que se implementará en todo el país empezando por Salta en noviembre y -según el Gobierno- llegará a Buenos Aires entre 2021 y 2023.
Mientras tanto, la idea de la Corte y de Garavano es avanzar ya con estas leyes de transición, que según sostienen ambas partes, no son un boicot de los jueces al acusatorio sino un acercamiento al futuro sistema.
El proceso penal tiene dos partes: la instrucción, escrita, destinada a recolectar pruebas, y el juicio oral, que lleva adelante un tribunal y termina con la condena o la absolución. El objetivo declarado de estas reformas es agilizar la instrucción, que está a cargo de un solo juez, suele demorar muchos años y puede ser interrumpida por sucesivos recursos ante las cámaras de apelaciones.
En líneas generales, las propuestas de reformas incluyen que haya una primera etapa de investigación informal antes de imputarle al acusado el supuesto delito. Que después, en una audiencia oral, se concrete la imputación y se le dé la posibilidad de que declare en indagatoria. Hoy, presentarse a la indagatoria es obligatorio.
Otra idea es que desaparezca el procesamiento y se limiten al mínimo las decisiones que se pueden apelar, incluyendo solo medidas extremas, como prisiones preventivas, embargos e inhibiciones.
También se plantea como un momento clave una audiencia oral donde se defina si hay pruebas suficientes para elevar el caso a juicio. Hoy, todo se discute por escrito. La idea es que haya una "audiencia multipropósito" donde se resuelvan todos los planteos de las partes de una sola vez. Así el sistema sería más rápido, eficiente y transparente, anuncian.
