Una familia mendocina demandará al Estado por 22 millones de pesos

Aseguran que si la Justicia falla a favor de la familia, será un caso inédito en el país.

Una familia mendocina demandará al Estado por 22 millones de pesos

Por: Mendoza Post

Una familia mendocina demandará al estado provincial por un accidente de tránsito que sufrió una de sus integrantes que la dejó con secuelas irreversibles por el que piden 22 millones de pesos.

Sostienen que el Estado es responsable de habilitar un conductor con posible alcoholismo.

Se trata de Candela Giménez, quien fue atropellada por Hugo Scollo en 2016 y quedó discapacitada. La demanda detalla los motivos por los que la familia asegura que la negligencia del Estado al incumplir sus deberes como proveedor de seguridad lo deja como responsable directo del accidente. La demanda civil también se extiende al conductor del vehículo que la atropelló.

Los abogados Tíndaro Fernández y José Luis Correa son los representantes legales de Marcelo Giménez, papá de Candela, que serán los responsables de defender esta demanda que consta de 30 fojas en las que detalla lo ocurrido en la madrugada del 29 de octubre de 2016 y que alega que existió una omisión en los deberes de seguridad que tiene que garantizar el Estado.

Según explicó Fernández en diálogo con Diario San Rafael, la demanda argumenta que el imputado renovó la licencia de conducir a pesar de haber incumplido la ley de tránsito al conducir bajo efectos del alcohol.

Candela antes del accidente.

El abogado sostiene que el mismo año que ocurrió el incidente se disolvió el área de Sanidad que tenía que comprobar si Scollo tenía problemas de consumo de alcohol y, de ser así, no restituirle el carnet de conducir. Como esa oficina no estaba activa, el conductor pudo renovar la licencia cada vez que lo solicitó a pesar de haber sido descubierto detrás del volante hasta con seis veces más alcohol que lo permitido por ley.

Es por esto que el Estado no cumplió con el control específico de conducción de Scollo y de esa forma no garantizó la seguridad de los ciudadanos, en este caso específico la de Candela, que fue víctima de una persona que a pesar de haber sido multada en varias oportunidades por manejar alcoholizado, disponía de su licencia al momento del hecho.

“Conforme a lo dispuesto por la Ley 8.968 en su artículo 7º el Estado Provincial es responsable por su responsabilidad extracontractual por omisión ilegítima al no haber puesto en funcionamiento y/o suspendido los mecanismos que estaban previstos para que el servicio de Sanidad Provincial evaluara a Hugo Armando Scollo atento a los antecedentes que daban cuenta de una adicción alcohólica permanente y evitara así que el lamentable hecho no sucediera”, indica la demanda en su foja 12.

Y en otro párrafo afirma que “el factor de atribución fue la omisión del Estado en el control específico de Scollo a quien le devolvía la licencia cada vez que era multado por ebriedad”.

El planteo de Fernández apunta a que el Estado Provincial resarza a Candela con 21.900.000 pesos a raíz de dicha omisión y a las consecuencias que sufrió la joven después de ser embestida por Scollo, quien además escapó del lugar del hecho sin brindar asistencia víctima.

La cifra está discriminada de la siguiente forma: incapacidad sobreviniente (5.850.000 pesos), daño cierto futuro (12.000.000), daño moral de Candela (2.000.000), daño extrapatrimonial de los padres (1.600.000) y daño extrapatrimonial de las hermanas (500.000).

A nivel nacional, la figura del “Daño y Perjuicio” quedó sin efecto, pero sigue vigente en la Legislación Provincial, lo que será aprovechado por el reconocido letrado.

Candela sufrió secuelas cognitivas y motrices después de ser atropellada. Su historia se convirtió en un ejemplo de superación, ya que logró reponerse de las graves heridas que la mantuvieron durante un prudencial tiempo en el área de cuidados intensivos del hospital Schestakow. No obstante, padece de lesiones irreversibles, las que también han sido tenidas en cuenta en la exposición judicial.

En relación a la demanda y el monto planteado por Fernández –de prosperar- será un caso inédito y que puede generar un fuerte precedente a nivel nacional.

Desde el entorno de Candela son optimistas respecto a que la Justicia falle a su favor aunque admiten que la compensación económica será menor a la propuesta inicialmente por Fernández. “El dinero no nos interesa pero queremos que el caso marque un antes y un después para evitar hechos similares”, comentaron.

Cabe recordar que en materia penal, Scollo fue condenado –en un juicio abreviado- con una pena de 3 años de forma condicional, es decir que no fue a la cárcel. A pesar de que la sentencia condenatoria resultó de un acuerdo entre las partes y el fiscal Mauricio Romano, la decisión no cayó bien en la familia de Candela ni en la comunidad en general.