El caso Caputo y la (falta de) ética en el seno del macrismo

No todo se trata de una situación de legalidad o ilegalidad, también está la cuestión deontológica. El macrismo aseguró que venía a hacer la diferencia, luego de 12 años de corrupción hiperbólica que nos regaló el kirchnerismo.

Sin embargo, pronto todo ello se esfumó con los primeros casos de incompatibilidades de los funcionarios del gobierno con la ética pública.

Uno de los más emblemáticos fue el de Jorge Triaca que, a pesar de ostentar el cargo más importante en el Ministerio de Trabajo, tenía a una empleada “en negro”.

A ello se sumó el nepotismo desmesurado, con hermanas, cuñado y esposa en ostentosos cargos dentro del Estado. A pesar de todo ello, el presidente Mauricio Macri decidió respaldarlo. Mal ejemplo para la sociedad.

No es todo: el caso más emblemático es el del ministro de Finanzas, Luis Caputo, quien, al asumir como funcionario, decidió ocultar que fue accionista de sociedades offshore creadas para administrar millones y millones de dólares en paraísos fiscales.

La novedad la dio a conocer diario Perfil sobre la base de puntuales documentos oficiales de la Securities and Exchange Commision (SEC), la Comisión Nacional de Valores de los Estados Unidos.

Ante la revelación, Caputo aseguró que no tenía injerencia allí, que solo era un “asesor”. Sin embargo, de acuerdo a los documentos de marras el ministro fue entre agosto de 2009 y julio de 2015 el principal accionista de la sociedad Princess International Group, radicada en Islas Caimán.

“Tenía más del 75% de las acciones pero Caputo omitió consignar esa información en las declaraciones juradas que presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA) al ingresar a la función pública en diciembre de 2015, cuando debía comunicar sus bienes y acciones del período fiscal 2014”, de acuerdo a Perfil.

No es todo: el funcionario volvió a ocultar la misma información en el año 2016, cuando debió informar su patrimonio correspondiente al inicio de 2015 ante el mismo organismo.

La discusión entonces se vuelve más espesa, sobre todo cuando se recuerda que la omisión de este tipo de datos configura un delito que puede ser penado con hasta dos años de prisión.

Entonces, recapitulando… ¿no debería el macrismo separar de su cargo a los funcionarios que vienen siendo cuestionados? ¿No tendría que dar el ejemplo, en consonancia con el discurso del propio presidente de la Nación?

Ya lo dijo alguna vez mi abuela: no solo hay que ser honesto, sino también parecerlo.