Así harán que un juicio civil dure menos de un año - Mendoza Post
Jueves 1 Feb 2018Jueves, 01/02/18 atrás
porAna Montes de Oca
Periodista

Parece imposible, y habrá que ver para creer, pero los jueces del Primer Tribunal de Gestión Asociada Civil, aseguraron que, con la introducción de la oralidad a todos los litigios civiles, un proceso que antes duraba unos cinco años, ahora llevará menos de un año en resolverse.

Desde una contienda para resarcir por un accidente de tránsito, hasta un juicio por daños y perjuicios, todo aquel proceso del fuero civil (es decir donde se pida una retribución en dinero) se agiliza a partir de la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Civil, Comercial y Tributario, que establece dos audiencias orales para resolver el conflicto.

La jueza Martinelli guía al gobernador en las salas destinadas a las audiencias

Los jueces del Primer Tribunal explicaron que vienen implementando el nuevo Código desde agosto del año pasado y las muestras son elocuentes. No sólo porque de 187 litigios lograron 47 conciliaciones en la primera audiencia, sino porque además, notaron que realmente los plazos se acortan y todo se agiliza.

Cómo funciona

El proceso es simple: una vez introducida la demanda se fija la primera audiencia “de conocimiento”. Allí el magistrado recibe a ambas partes junto con sus respectivos abogados y escucha directamente las declaraciones del demandante y el demandado, analiza las pruebas y, si es necesario, solicita más.

“Esto significa un cambio de paradigma en la justicia”, opinó Darío Penisse, uno de los integrantes de la sala, haciendo referencia a que hasta ahora todo proceso se resumía a escritos que conformaban un expediente y que, muchas veces, el juez veía recién al momento de hacer la sentencia. “Es un cambio importante para nosotros, para los abogados y para los ciudadanos, porque el encuentro personal ayuda mucho. La presencia del juez baja el nivel del conflicto porque la gente, al sentirse escuchada por quien va a tomar la decisión, aminora la carga y está más abierta. Nos ha pasado de resolver un tema de herencia entre dos parientes y que en la sala terminen resolviendo su conflicto afectivo, que fue el que dio lugar a la contienda económica”.

Pero además, este nuevo tipo de procedimiento les pone freno a las trabas recurrentes de los abogados con el fin de eternizar el juicio hasta que el demandante termine desistiendo. El nuevo Código ya no permite esos “leguleyos”. Sólo se puede pedir una prórroga durante el proceso y esta no puede durar más de 30 días.

Penisse, Martinelli, Simón, Gámez y Gallardo jueces del Primer Tribunal Civil Asociado

Luego de la audiencia de conocimiento, el juez otorga 120 días para que las partes reúnan más pruebas o testigos, si es que lo ha pedido, y que deberán presentar en la segunda audiencia, que es la final. En este punto es donde se puede pedir alguna prórroga pero la idea es continuar. “Si por ejemplo nos piden una prórroga de la audiencia porque faltó un testigo, nosotros la hacemos igual y damos una aparte para que comparezca. La idea es no patear los tiempos”, explicó Fabiana Martinelli, otra de las integrantes del Tribunal.

En tanto que la jueza Graciela Simón reclamó que “muchas veces los abogados ni siquiera se conocen hasta el momento de la primera audiencia y eso es algo que tenemos que incentivar, que se vean antes, que se reúnan y trabajen más en la posibilidad de lograr un arreglo extra judicial”.

Luego de la audiencia final, el magistrado tendrá 30 días para resolver y dictar la sentencia.

Una de las juezas reconoció que, entre los cientos de casos a resolver con el viejo método escrito “Muchas veces había pruebas que nosotros ni veíamos. Recién veíamos el expediente en el momento de dictar la sentencia”.

¿Más o menos trabajo?

Aunque el Código no establece un plazo máximo de duración del proceso, los jueces señalaron que “por protocolo” acordaron los 120 días para producció de la prueba y, en estos meses de prueba piloto, notaron que era un plazo coherente.

Por otro lado, lo que sí introduce el nuevo Código Civil es que los magistrados deben realizar hasta 500 audiencias anuales (unas 4 diarias de las cuales dos serán “de conocimiento” y dos finales). Ellos aseguraron que, teniendo en cuenta los estados procesales y que, a raíz de este cambio se les quitó una parte importante del trabajo (ya no se encargarán de “procesos monitores” que son litigios por cheques, pagarés, hipotecas y otros), podrán cumplir con la carga sin problemas.

Además, dijeron que no venían con sobrecarga de trabajo, a pesar de que son 42 los jueces del fuero civil en toda la provincia y que el año pasado se registraron una 20 mil causas.

La oralidad terminará con todo el papelerío. Las audiencias se grabarán y guardarán digitalmente

Es que además hubo un reordenamiento que alivia el trabajo. A la quita de los procesos monitores, se sumó por ejemplo una reforma muy importante tanto para los ciudadanos como para los magistrados: el “beneficio de litigar sin gasto”. Antes cuando una persona solicitaba este beneficio tenía que hacer un procedimiento judicial aparte y demostrarle al juez que no tiene fondos para costear el juicio. Ahora eso se resume a un procedimiento administrativo que, con una encuesta ambiental, puede definirse.

Los mejor pagos y más beneficiados

Mendoza es la cuarta provincia en implementar la oralidad en el fuero civil como parte del programa Justicia 2020 impulsado por el gobierno nacional. Y es también la primera en normarlo a través del Código Procesal, algo que el gobernador Cornejo venía empujando corriendo a los jueces con el argumento de ser los que más ganan y los funcionarios públicos mejor pagos y con más beneficios, como el de no tener un horario ni control sobre su tarea. Ahora, la obligatoriedad de realizar las audiencias les pone una carga laboral mínima que puede controlarse a partir de la cantidad de reuniones diarias que realiza cada magistrado.

Lo cierto es que el sueldo de los jueces es un tema de discusión tanto externa como interna (el ministro de la Corte, Mario Adaro, es el único que publica su bono y eso le valió el enojo del resto de los ministros y de otros jueces), pero tampoco son públicos los bonos de los funcionarios de los otros poderes del Estado, salvo algunos casos contados.

Ver también: "Un caño roto mostró cuán agrietada está la justicia"

Por otro lado, además de ponerles una obligacion laboral, esto significa un cambio rotundo para los que deben ejecutar la justicia. Porque al ser, como se dijo, “un cambio de paradigma”, esto les llevará un importante trabajo de adecuación no sólo en cuanto a formas sino también a contenidos. “Hay que estar dispuesto a meter los pies en el barro”, aceptó Penisse, porque claro, son humanos, y estar cara a cara siempre introduce factores que pueden influir a la hora de dictar una sentencia.

De todas maneras todos concuerdan en que la justicia debe ser más directa y humana.