La presidente Michelle Bachelet envió un proyecto al Senado que elimina el indulto presidencial para condenados por violaciones a los derechos humanos
Impulsan un proyecto para eliminar indultos a represores chilenos
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, envió al Senado un proyecto de ley que elimina el indulto presidencial para condenados por violaciones a los derechos humanos y entrega a los tribunales la concesión de beneficios a quienes padezcan enfermedades terminales.
Así lo confirmaron hoy fuentes legislativas y judiciales, luego de que el diario El Mercurio publicó los aspectos principales del proyecto, que ingresó al Senado este martes, festivo en Santiago por la visita del papa Francisco. Según consigna la agencia EFE.
El texto, según diario, propone establecer "la no procedencia del indulto particular respecto de las personas condenadas por crímenes o simples delitos de lesa humanidad, de genocidio o de guerra".
En general, la iniciativa plantea regular los criterios que deben considerarse para la obtención "de permisos de salida, libertad vigilada y rebaja de condena", y que los reos, además de cumplir con los requisitos generales que cada institución jurídica exige, aporten antecedentes serios y efectivos de los que tengan conocimiento en causas criminales por delitos de la misma naturaleza, y que demuestren "su arrepentimiento".
La iniciativa plantea regular los criterios para obtener beneficios.
En ese contexto, de aprobarse el proyecto, será "el tribunal de garantía el que podrá disponer el reemplazo de la pena privativa de libertad por la de arresto domiciliario total", lo que según el senador Pedro Araya, de la comisión de Constitución de esa rama legislativa, "tiene un claro fundamento humanitario".
Araya comentó que aunque la iniciativa tiene un sentido más amplio, el debate se va a centrar en las personas que cumplen penas por delitos de lesa humanidad en Punta Peuco, una prisión especial en la hay unos 130 agentes de la dictadura de Augusto Pinochet.
Los familiares de esos presos, la mayoría de edad avanzada y varios afectados por enfermedades terminales, han demandado desde hace tiempo que se les permita morir junto a sus familias.
Esta semana, los familiares solicitaron incluso la intercesión del papa Francisco, a través de una carta entregada en la nunciatura apostólica.
El proyecto, según la publicación, sustituye por el término "beneficio" en lo relativo a la libertad condicional, en vez de la expresión actual "derecho", que es interpretable y punto central de las controversias.
Los familiares de represores buscan que puedan morir con sus familias.
Mario Carroza, magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago designado juez especial para casos de violaciones a los derechos humanos, dijo a El Mercurio que el proyecto "se venía gestando hace tiempo" y opinó que, en su opinión, "genera consenso, porque se refiere a beneficios y trato a enfermos.
El texto "no se refiere a la edad de los condenados para cumplir condena en domicilio, que es un tema que también divide las opiniones", señaló.
El año pasado murieron tres antiguos represores presos en Punta Peuco que habían solicitado el indulto presidencial con resultados negativos.
Durante la dictadura de Pinochet, según datos oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 33.000 fueron encarcelados y torturados por causas políticas.
Durante la dictadura murieron 3200 a manos de agentes públicos.
