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Historias de alquileres en Mendoza

En la provincia no hay una Asociación de Inquilinos, los reclamos van a Defensa al Consumidor que los traslada al Colegio de Corredores Inmobiliarios.

Historias de alquileres en Mendoza

Viernes 19 Ene 2018
porAna Paula Negri
Periodista

Hace algunos meses, la Federación de Inquilinos Nacional (FIN) presentó un proyecto de ley que será discutido en diputados al regreso de las sesiones ordinarias. "Es una mirada totalmente diferente, direccionada hacia los derechos de los inquilinos y no de las inmobiliarias", explicó al Post Nire Roldán, referente de la federación en Rosario, Santa Fe.

Inquilinos presentaron un proyecto de ley para evitar problemas con los propietarios.

Hace dos semanas, la Federación de Inquilinos Nacional (FIN) lanzó una encuesta para reflejar la situación actual de los locatarios en todo el país. En cuanto a esto, el presidente de la Federación, Gervasio Muñoz, resaltó en diálogo con este medio que: "a pesar de que en Mendoza no hay organización de inquilinos los inquilinos de la provincia han participado de manera masiva en la encuesta" y que se han recibido "muchísimos reclamos de Mendoza".

Sobre los resultados declaró que estarán el mes que viene lo que permitirá que los legisladores nacionales puedan basar las discusiones, modificaciones e incluso la votación de la ley sobre los datos que se obtengan. "El oficialismo no quiere que salga la Ley", expuso Muñoz y agregó: "La encuesta la hicimos porque el INDEC no estudia al sector. Los datos son generados por el mercado inmobiliario. Así alquilamos los que alquilamos la vivienda".

Según comunicó el titular del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Mendoza, en nuestra provincia alquilan alrededor de 87 mil hogares. Sin embargo no existe una organización que nuclee a los inquilinos de la provincia. Por este motivo, los reclamos que llegan a Defensa al Consumidor son derivados directamente al Colegio, quienes son el puente entre los locadores y los locatarios.

Testimonios de alquileres:

La ley intenta cambiar la realidad de los inquilinos en todo el país pero el Colegio de Corredores Inmobiliarios y la Federación de Inquilinos Nacional tienen opiniones divididas sobre los principales puntos:

Duración del contrato

En cuanto a la duración del contrato, los dos estuvieron de acuerdo que extender de dos a tres años el tiempo de permanencia en la propiedad es un beneficio importante para el inquilino ya que da estabilidad a la familia en cuanto al transporte, los colegios y trabajos desde el lugar y demás, pero para los propietarios no cambia demasiado la situación.

Pintar al entregar

Según detalla Muñoz, la cláusula del Código Civil que estipula que los inquilinos deben entregar el departamento recién pintado es extorsiva ya que esa norma detalla que los locatarios no se deben hacer cargo de daños que sean producidos por el paso del tiempo.

A su vez, Astorga afirmó que muchas veces son los inquilinos quienes entregan los departamentos en malas condiciones como rayones de los niños, entre otras, que no son por el uso normal.

Porcentaje del sueldo

Para Astorga, el canon normal es del 30% del ingreso familiar pero Muñoz sostiene que debe ser menor a ese porcentaje y que incluso muchas veces asciende al 40%.

Además Muñoz afirmó: "El alquiler no puede ser un negocio, es un derecho constitucional como vivienda digna. El precio para millones de inquilinos está inflado, no se puede pagar el 30 o 40 % del sueldo del alquiler, debería estar indexación, a las paritarias de los trabajadores" pero este último no es un punto que se contemple en la nueva ley.

Aumento del alquiler

La ley estipula que el aumento del alquiler debe estar anexado a la inflación anual si ésta supera el 6% anual, sin tener en cuenta los salarios sino el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sobre esto, Muñoz aseguró que el monto de los alquileres quintuplicó la inflación en los últimos tiempos y que el aumento de los contratos muchas veces llega al 35% cuando, por ejemplo, la inflación estimada del 2017 es de 25,7%.

Por su parte, Astorga afirmó que según un informe realizado por la organización que lidera, la inflación estimada para el 2018 es de 23,62%, muy diferente a la que prevé el gobierno nacional de un máximo de 15%.

De todas formas, afirmó que "el contrato tiene que priorizar y beneficiar al buen inquilino, si cuida la propiedad, nosotros siempre aconsejamos realizar una disminución del canon mensual".

Garantías sociales

La ley amplía los instrumentos de garantía que servirán al inquilino para ingresar a una propiedad: garantía real, aval bancario, seguro de caución; garantía personal del locatario o del fiador, que se documentará con recibo de sueldo, certificado de ingresos, o cualquier otro medio fehaciente; y cualquier otra que resulte satisfactoria a criterio del locador.

Sobre esto, el representante de los inquilinos recomienda que exista "una mutual de servicios de los sindicatos que garantice el pago de alquiler" y agregó: "La garantía de pago puede ser un recibo de sueldo del trabajador. Las garantías no tendrían que tener sentido. Podrían existir viviendas públicas en alquiler bajo una revisión trimestral del inmueble".

Él explicó que podría haber un "servicio público del alquiler, un instituto del estado que toma inmuebles mediante los cuales reemplaza la inmobiliaria. Puede ser mutual, cooperativa o de los sindicatos".

Al respecto Astorga afirmó que el hecho de que el Estado fuera el garante de las propiedades es un imposible ya que "muchos proveedores actualmente demoran meses en cobrarle al estado sus servicios, más si los propietarios exigen sus alquileres".

En conclusión, se espera que la medida beneficie lo más posible a las dos partes del contrato. Según detalló Astorga, la mayoría de los propietarios tienen otras actividades por lo que si no obtiene el alquiler que necesita por ley, retirará su propiedad del mercado y será más difícil encontrar un lugar donde vivir para los locatarios.

Por otra parte, Muñoz aseguró que "es la primera ley en la historia ingresada por la organización de los inquilinos".