El Ejecutivo quiere prohibir la libertad condicional para delitos graves

La propuesta figura en el proyecto de reforma del Código Penal. Será presentada los primeros días de marzo en el Congreso.

El Ejecutivo quiere prohibir la libertad condicional para delitos graves

Por: Mendoza Post

A través de un proyecto de ley, el gobierno busca moderar la libertad condicional para los delitos graves. La propuesta está incluida en el proyecto de reforma penal que pretenden presentar en el Congreso el 1º de marzo. El proyecto también incluye cambios para el aborto y penas más duras para delitos graves.

Entre tantos cambios, el proyecto de reforma se enfoca en evitar uno de los reclamos de la sociedad en torno a la Justicia: la discrecionalidad. "No puede ser que ante un homicidio simple (tiene una pena de 8 a 25 años de prisión) haya un juez que crea que son 9 años de cárcel y otro que diga que son 13", graficaban en Justicia. Ahora, el margen quedará acotado, a partir de pautas precisas que se incorporan para fijar las escalas penales. Por caso, en el inciso 4 del artículo 40 del texto, se precisan las "circunstancias especialmente agravantes" para que se tengan "en consideración el tercio superior de la escala penal". 

El gobierno quiere prohibir la libertad condicional para delitos graves.

Entre otros, figuran la vulnerabilidad de la víctima, motivaciones de odio racial, religioso o político, discriminación y casos de violencia de género, o la utilización de medios como armas de fuego. 

Según Clarín, también se reduce el beneficio de la libertad condicional. Además de los reincidentes, no podrán salir antes de cumplir la pena, los condenados por homicidio doloso, secuestro extorsivo, trata de personas, tortura, desaparición forzada de personas, terrorismo y por agresión sexual.

El proyecto incluye cambios para el aborto y penas más duras por delitos viales.

Para el caso de los agresores sexuales, además, se incorpora un sistema novedoso, ya habitual en otros países: la aplicación de un “seguimiento socio judicial” una vez cumplida la condena, consistente en tratamientos de rehabilitación y medidas de vigilancia electrónica, que puede prolongarse hasta un máximo de 10 años.