Buscan determinar si Lázaro Báez visitó a CFK en la Quinta de Olivos

El juez federal Sebastián Casanello ordenó determinar si Lázaro Báez entró a la residencia presidencial de Olivos entre 2010 y 2013 y requirió a la Secretaría General de la Presidencia un informe de las líneas telefónicas fijas y de celulares que tuvo asignadas la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner para un entrecruzamiento de llamados en la causa por lavado de activos en la que fue preso el empresario.

Casanello ordenó estas medidas de prueba a pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF), pero al mismo tiempo rechazó por "inadmisibles" y no envió a la Cámara Federal las apelaciones anunciadas ayer por la UIF y de la Oficina Anticorrupción (OA) a su decisión del 15 de diciembre pasado, cuando rechazó por falta de pruebas convocar como imputada a la ex presidenta en esta causa.

Ambos organismos reclaman la citación a declaración indagatoria de la actual senadora Kirchner en la investigación de la llamada "ruta del dinero K", vinculada al blanqueo ilegal mediante hechos de lavado de activos del dinero que las empresas de Báez obtuvieron por la asignación de obra pública en su gobierno, según el oficio judicial al que accedió la agencia de noticias Télam.

El juez rechazó por "inadmisibles" y no envió a la Cámara Federal las apelaciones anunciadas ayer por la UIF y de la Oficina Anticorrupción, pero sí ordenó medidas de prueba que le pidió la UIF.

Casanello dispuso determinar si Báez o alguno de los demás procesados en la causa ingresó a la residencia presidencial entre 2010 y 2013 y también si lo hicieron a otros organismos públicos como la Procuración General de la Nación, AFIP, Banco de la Nación y Banco Central y el entonces Ministerio de Planificación Federal a cargo del ahora detenido Julio De Vido.

Para ello envió oficios a cada dependencia y además requirió a la Secretaría General de la Presidencia que "informe las líneas telefónicas -tanto fijas como celulares- que tenía asignada la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner y sus secretarios privados -“principales colaboradores”- en el período que va desde octubre de 2010 a abril de 2013".

Esta medida se dispuso de manera previa a ordenar un entrecruzamiento de llamados entre ellos y los acusados en la causa por lavado de activos.

En tanto los organismos mencionados deberán informar "si se recibió en esas dependencias a Lázaro Antonio Báez y/o alguno de los coimputados en autos o personas de su entorno. En caso afirmativo, deberá acompañar las constancias que acrediten tal extremo".

Una vez que se reciban los informes de las líneas telefónicas de la ex mandataria, el juez dispuso un "entrecruzamiento de llamadas" entre las líneas de Báez y su "entorno cercano" y las de Cristina Fernández de Kirchner y sus principales colaboradores.

"La Unidad de Información Financiera, además de recurrir la decisión mencionada y a diferencia de la intervención de la Oficina Anticorrupción, propone medidas de prueba como un entrecruzamiento de llamadas entre las líneas telefónicas correspondientes a Lázaro Báez y su entorno cercano y Cristina Fernández de Kirchner y sus principales colaboradores, desde el año 2011", resumió Casanello al hacer lugar a estas medidas de prueba por "útiles y pertinentes".

"También sugiere oficiar a reparticiones públicas a las autoridades de la residencia presidencial de Olivos y al Ministerio de Planificación Federal e Inversión Pública a fin de que informen si desde el año 2011 recibieron en sus oficinas a Lázaro Antonio Báez y/o alguno de los coimputados o personas de su entorno", continúa el juez.

En la investigación por la llamada "ruta del dinero K" están procesados y a punto de ser enviados a juicio oral, Báez y sus cuatro hijos Leandro, Martín, Luciana y Melina, además del ex dueño de la financiera SGI, conocida como "La Rosadita" Federico Elaskar y el financista Leonardo Fariña, convertido en "imputado colaborador" tras aportar datos a la causa.

También irá a juicio oral Fabián Rossi, el ex marido de la vedette Ileana Calabró.

El fiscal federal Guillermo Marijuan reclamó el envío de todos a juicio oral mientras que algunas de las defensas, como la de Báez, se opusieron al sostener que antes debería indagarse a la ex Presidenta, algo que también sostienen las querellas de la UIF y la OA.