Qué hay detrás de postergado fallo del ítem aula - Mendoza Post
Lunes 25 Dic 2017
porJorge Fernández Rojas
Periodista/Analista

Dar la razón no siempre es ganar. O mejor dicho, que un fallo judicial nos de la razón en un litigio no quiere decir que el juez dirá que ganamos la pulseada al rival del caso.

Este silogismo político es la base del pensamiento que resulta dentro del Poder Judicial de Mendoza, tras conocerse que la Suprema Corte de Justicia resolverá en plenario si el ítem aula es constitucional.

Este nuevo escenario instalado el viernes 15, a instancias del Asesor de Gobierno, César Mosso Giannini, hace que el problema del reclamo docente por el adicional aplicado por Alfredo Cornejo, se extienda por lo menos hasta abril de 2018.  

Para ese entonces ya estaba todo listo para que la Sala 2 de la Corte provincial, diera a conocer su veredicto. Los jueces José Valerio (presidente de la Sala) y Omar Palermo y Mario Adaro, ya tenían todo listo.

Precisamente hace tres semanas contamos en este espacio que los confidentes judiciales señalaban que el ítem “ha sido una acción propia del Ejecutivo y que se ha ido corrigiendo con la aplicación”.

También remarcamos que “el fallo contendrá estas observaciones por parte de los jueces. Por más que se hayan subsanado estos errores, dicen los magistrados en sus interconsultas, lo quieren dejar explicitado para que ninguna resolución ministerial altere ese orden administrativo, porque de otra manera se violarían derechos fundamentales”.

El viernes 15 se presumía que se conocería la esperada resolución, pero hubo una acción exprés del Asesor de Gobierno

Concretamente el abogado del gobierno pidió que el fallo sea en plenario, es decir que sean los siete miembros de la Corte los opinantes en esa sentencia.

De ese modo la sentencia quedaría como una regla a cumplir en el futuro por los jueces en casos similares.

La justificación es que es un caso de “importancia institucional”. Pero detrás se vienen tejiendo una trama de especulaciones entre ambos poderes del Estado.

Proyecciones

Veamos qué significa esta dilación del fallo del ítem aula de acuerdo a las miradas internas e intereses que marcan al conflicto entre el Poder Judicial y el Ejcutivo.

Para el Gobierno se entiende que con un fallo plenario fuerza a todos los jueces de la Corte a expedirse sobre un aspecto sensible para la población, como lo es el desempeño de las maestras.

Para los jueces de instancias inferiores es un intento gubernamental más para avanzar sobre la opinión de los magistrados superiores.

Para el Ejecutivo es necesaria la ampliación de la Corte y no ha abandonado la idea planteada en un proyecto de ley resistido y por eso su tratamiento fue frenado.

Entre los jueces entienden que haberse frenado la ampliación de la Corte es una batalla perdida por el Gobierno y que la historia no está cerrada y que resurgirá en el primer trimestre de 2018.

Al medio, Valerio, presidente de la sala.

En el Gobierno entienden que se necesitan más magistrados que estén alineados con la impronta de Cornejo como lo son, el juez de Corte, José Valerio y el procurador Alejandro Gullé.

Los críticos de estos movimientos oficiales tendientes a “colonizar” el Judicial, ven en Valerio y Gullé una especie de delegados del gobernador en Tribunales.

En el Gobierno ven trincheras de los que resisten a Cornejo y el mismo mandatario ha señalado a quienes lideran esa resistencia, los jueces: Alejandro Pérez Hualde, Omar Palermo y Julio Gómez.

El tejido

En esta madeja se entrelazan las intenciones políticas de ambos sectores.

Desde Tribunales apuestan que detrás de todo esto está la idea latente de modificar la Constitución Provincial.

El ojo está puesto en el fallo llamado “Kemelmajer” que clausura en la práctica cualquier posibilidad de reforma y que con jueces alineados en la Corte podría ser modificado.

En Casa de Gobierno están convencidos que hay que dar vuelta al Poder Judicial en su funcionamiento y el rendimiento, e interpretan que los jueces quieren gobernar con sus fallos

Cornejo y Valerio, el día de la jura.

La primera pregunta

Cuando fue presentado el pedido de fallo plenario firmada por Alfredo Cornejo y César Mosso Giannini los colaboradores de la Corte se preguntaron: ¿Quién le mostró el fallo al gobernador antes de ser publicado?

Si esa filtración se produjo, entonces se precipitó el movimiento de ajedrez de Cornejo.

La otra mirada no contemplada en esta descripción es la del Sute, el demandante. El sindicato docente reaccionó y reclamó formalmente la nulidad al pedido de Cornejo.

El titular del Sute, Sebastián Henríquez, esgrimió sobre esto: “Acá hay muchas ilegalidades porque por un lado cuando el gobierno tendría que haber planteado esto no lo planteó. Se avanzó en el dictado de la sentencia, se emitieron los votos, se eligió el juez preopinante. Antes de todo eso, tendría que haber planteado esto. Lo sucedido es muy grave, porque el gobernador lo plantea a las 10.35 de la mañana, con nota de su propia firma -creo que es la primera vez que el gobernador firma algo de su puño y letra en ese expediente-, y en dos horas dos jueces le dan el ok, sin siquiera citar a la otra parte para preguntarle qué opina y ver si había argumentos en contra”.

Quizá el Gobierno quizo obligar a los jueces a emitir la opinión a cada uno y ver quiénes se oponen y quiénes no al ítem aula, medida que de acuerdo a las encuestas que maneja Cornejo tiene un amplio apoyo.