Escándalo tras la deportación de un activista noruego

 Un activista noruego que pretendía participar de la reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) fue deportado este viernes por el Gobierno argentino, ante lo cual la Cancillería del país nórdico anticipó que presentará una queja formal.

La medida fue tomada por el Gobierno local en el marco del rechazo de la acreditación al activista.

Se trata de Petter Titland, que integra la filial noruega de la Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana (ATTAC).

Según denunciaron distintos integrantes de organizaciones no gubernamentales, como la referente de la Fundación Vía Libre Beatriz Busaniche, el escandinavo arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini y fue retenido por las autoridades de Migraciones.

"El ciudadano noruego Petter Titland fue deportado esta madrugada desde Ezeiza. Fue enviado a Brasil. No atendieron reclamo diplomático de la Embajada de Noruega y pese a tener abogado, no dieron tiempo suficiente para que se expida el juez", afirmó Busaniche en su cuenta de Twitter.

Luego de la decisión del Gobierno de rechazar la acreditación y deportar a Titland, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, conducido por Ine Eriksen Soreide, anticipó que presentará una queja formal al respecto.

"Pedimos disculpas por la decisión argentina de cancelar la suscripción y de denegar la entrada a varios participantes de ONG, incluido el jefe de jefe de Attac Noruega, Petter Titland. Creemos que el diálogo con la sociedad civil es una parte importante de la cooperación internacional también en la OMC. La decisión de la Argentina es desafortunada y envía una señal equivocada", manifestó el vocero de la cartera diplomática del país europeo, Guri Solberg, en declaraciones periodísticas.

Fuentes oficiales afirmaron en diálogo con NA que Attac Noruega "fue particularmente activo en los desastres de Hamburgo", en la cumbre de jefes de Estado del G20 que se llevó a cabo en la ciudad alemana en julio pasado.

"Él sabía que no podría ingresar al país. Naturalmente, no es el tipo de activista que ni el país anfitrión ni la OMC quieren. Si viene, es para buscar justamente esto", explicaron integrantes del Gobierno a esta agencia, en alusión a la deportación.

La Casa Rosada le negó el ingreso al país a unos 60 activistas acreditados por la OMC en función de expresiones que esas personas habían realizado "a través de las redes sociales".