La negociación reservadísima para ampliar la Corte mendocina

Después de la tormenta, el enojo mutuo dejó lugar a la conversación. El gobierno negocia con el Partido Demócrata condiciones que le permitan a Alfredo Cornejo terminar el año con la ley que amplía los miembros de la Corte, aprobada. Es difícil, pero no sería imposible.

Se tendieron puentes ayer, luego que el gobierno tuvo la certeza de un fracaso legislativo inminente para el proyecto. No pasaría en la Cámara de Diputados, por la férrea negativa de los diputados Marcos Niven (PD) y Guillermo Pereyra -el jefe sindical de Comercio que es legislador del Frente Renovador- a aprobarlo. Sin esos dos votos, al oficialismo no le quedó más remedio que “patear” la ley, en principio, para la semana que viene. Aunque no es seguro. Ello, porque además al gobierno le ha resultado infranqueable el “muro de piedra” construido por el peronismo alrededor de su volatilidad y divisiones internas. En este asunto, han decidido ser inviolables.

Los humores fueron cambiando con el correr de las horas, cuando ya era pública la negativa de los aliados de Cambia Mendoza a darle al gobierno los votos para ampliar la Corte, algo que tanto el PD como el FR resisten. No se anduvieron con remilgos, y dejaron -tanto Niven como Pereyra- la sospecha instalada, sobre lo que creían una intención hegemónica del gobierno al sumar dos jueces más al tribunal supremo de los mendocinos. Ningún cálculo aritmético sobre la composición de la Corte los dejó conformes. Por eso, ayer a la mañana el gobierno se encontró por un lado con las manos vacías, y por el otro, con comunicado muy duro, inesperado, más propio de opositores que de aliados, que fue difundido en los primeros minutos de ayer por los socios menores de Cambia Mendoza. Todo ello, mientras la UCR se desesperaba por negociar incluso con peronistas. Hubo llamados urgentes e infructuosos a Omar Félix –presidente del partido- para indagar sobre la permeabilidad del peronismo a facilitar algún voto o a “esconder” a algún que otro legislador, lo que hubiese permitido a la UCR transformar en ley la ampliación de la Corte, sin la necesidad de sus socios naturales.

Pero nada dio resultado.

Cuentan que Alfredo Cornejo estaba más dolido y enojado por el tono del comunicado de sus aliados que por la complicada e incierta votación. No es para menos. Se opusieron terminantemente al proyecto oficial, y pusieron por escrito que “…la ampliación de los miembros de Superiores Tribunales de Justicia ha respondido (…) al propósito de socavar la independencia del Poder Judicial logrando cortes adictas” y enseguida, fue la estocada: “¿Acaso no fue lo que hizo Néstor Kirchner en Santa Cruz cuando Carlos Menem era presidente?” Este comunicado lo firmaron Carlos Balter (PD) y Gustavo Gutiérrez (Coalición Cívica) primero, y más tarde el propio Niven se lo alcanzó a Clemente Montaña (Partido Fe) y Guillermo Pereyra. El sindicalista lo firmó mientras cenaba con Niven en el restaurante Francesco, de la calle Chile, bien entrada la noche. Fue una bofetada sonora e innecesaria, que deja poco margen negociador incluso para sí mismos. ¿Qué van a decir ahora los aliados de Cornejo, si acuerdan un proyecto que conforme a todos?

En el gobierno se sorprendieron -y mucho- por el contenido del comunicado redactado por el dirigente demócrata Gabriel Llano, un histórico alejado de los primeros planos de la política desde hace años, y corregido por Gustavo Gutiérrez. No esperaban el mandoble.

El fondo del problema

Hay que dejar las pasiones políticas de lado y ver qué pasa en la Justicia. Todas las reformas, más de 20, que ha impulsado el gobierno desde que asumió hace menos de dos años, apuntaron a lograr jueces que le den justicia a la gente. Que trabajen, que estén en los tribunales, y que metan presos a los delincuentes, en lugar de considerarlos víctimas pasibles de la abolición de las penas que les corresponderían. Lo que busca Cornejo es una justicia penal, civil y laboral alineada con estos principios de sentido común y legalidad. Y de rapidez, eficiencia y eficacia. Nadie podría creer seriamente que el gobernador busca una corte hegemónica para encubrir quién sabe qué, o perpetuarse en el poder. Se puede estar de acuerdo o no con el “estilo Cornejo”, que –es cierto- resulta duro. Pero en esta gestión no se revolean bolsos de dinero y armas en conventos, de momento; no tienen casos de corrupción, y se han preocupado de ordenar las cuentas de la provincia, algo que los mendocinos les han reconocido con votos.

Por eso, el fracaso de esta ley sería un retroceso importante y mayúsculo para una política de persecución penal que va logrando bajar el delito. Sobre todo porque los aliados no buscaron el debate interno en el Frente Cambia Mendoza. Por el contrario, hicieron una oposición férrea y pública de la que es más difícil volver.

Como sea, los crujidos en Cambia Mendoza fueron enormes, e incluso tanto desde la UCR como desde el PD se cuestionó la existencia misma del Frente. Por eso, el oficialista presidente de la Cámara de Diputados Néstor Parés revoleó la media ayer a la mañana al decir que Niven “estaba confundido” respecto de la naturaleza de Cambia Mendoza.

Mientras todo esto ocurría, el presidente del PRO e Intendente de Luján de Cuyo, Omar De Marchi, se ofrecía como garante del frente, organizando una rápida charla con funcionarios y legisladores del oficialismo en la Fundación Pensar. Se mostró como un hombre de Estado amplio y negociador, y como aliado fuerte de Cornejo, mientras el resto de los aliados armaron una batahola que pudo haber terminado mal.

Las negociaciones

Las puertas del proyecto no quedaron cerradas. El punto medio es más difícil, porque el PD mantiene su postura de no sumar más miembros a la Corte. Y pidieron dos enmiendas constitucionales para evitar que lleguen esa instancia, miles de causas que podrían resolverse en tribunales inferiores, y para asegurarse que los integrantes del máximo tribunal no tengan un pasado político demasiado reciente. Justamente, en esos dos aspectos el gobierno no planea retroceder. Sin embargo, estarían dispuestos a crear una Cámara de Casación y otra laboral para descomprimir a la Corte, pero con los presupuestos actuales, y a limitar por ley la cantidad de horas que los jueces dedican a las cátedras y a dar clases. “Muchas veces están dando clases en lugar de estar en los tribunales haciendo sentencias” explicó el diputado Marcos Niven, el hombre del momento, a este diario.

En definitiva, el PD estaría de acuerdo con algunas de las cuestiones de fondo del proyecto de Jaliff, que amplía la Corte, la divide en salas, y sanciona políticas de transparencia informativa del tribunal y de gestión administrativa profesional. Pero no quieren tomar el camino de ampliar la Corte, sino de agregar tribunales “por abajo”, que atajen las causas.

Por lo pronto, hoy no se tratará el proyecto en Diputados, y la semana que viene saldrá de la comisión LAC con despacho y preferencia, sólo si hay un acuerdo antes. El jueves, Marcos Niven, Carlos Balter, Aldo Vinci (del PD) se reunirán con Néstor Parés, Juan Carlos Jaliff, y algunos miembros más del oficialismo, buscando destrabar el asunto. También habrá sondeos con Pereyra.  El ministro de gobierno Dalmiro Garay, quien tuvo la ingrata tarea de “bancar” los hechos consumados cuando Niven le planteó hacer enmiendas constitucionales, quedaría para una nueva “vuelta de tuerca” la semana que viene.

La sangre -en verdad- llegó al río. Y algunos, como el operador oficialista Néstor Majul, se dedicaron a recogerla en frasquitos y restañar heridas, para buscar nuevas instancias de negociación. El resultado está abierto.